Una nueva ordenanza fomentará el uso responsable del agua en Valencia

La nueva ordenanza, a la que se dará el visto bueno en la comisión de Medio Ambiente y el pleno municipal, introduce avances en la economía del agua, la obligatoriedad de la extensión de la red de baja presión o agua no potable en nuevos ámbitos urbanizables y la instalación de contadores inteligentes.

También incluye la prohibición de la "generación de alarmas infundadas sobre la calidad del agua", según las fuentes.

Con esta nueva normativa, se da prioridad a la protección del medio ambiente, el consumo sostenible de los recursos hídricos en Valencia y la salud de los ciudadanos y su calidad de vida "tanto en presente como en el futuro", según la concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Àngels Ramón-Llin.

"Siguiendo nuestra línea de eficiencia hídrica, protección del medio ambiente y beneficio para los ciudadanos, adaptamos esta ordenanza a la evolución propia de nuestra ciudad, de los nuevos avances tecnológicos y de la normativa vigente", ha mantenido.

En ese sentido, ha detallado que la iniciativa cuenta como principales objetivos la protección del medio natural y sus recursos en el término municipal de Valencia frente a las diversas formas de contaminación, así como el establecimiento de medidas y mecanismos tendentes a lograr una utilización más racional de los recursos hídricos.

Del mismo modo, está encaminada a garantizar la salud de los ciudadanos y a proteger las infraestructuras de abastecimiento de agua de la ciudad.

Tal y como se desprende del texto legal, se consideran las condiciones impuestas en los Planes de Emergencia por Sequía en situaciones de sequía declaradas, y convierte en obligatoria la extensión de la red de baja presión (agua no potable destinada a baldeo, riego de jardines y fuentes ornamentales) en zonas con instalación previa y su instalación en nuevos ámbitos urbanizables.

La protección de aguas, tanto superficiales como subterráneas, frente a toda fuente de contaminación; favorecer las actividades que consuman menor cantidad de agua, o que aporten una menor carga contaminante, así como la reutilización de aguas usadas en aquellas finalidades que lo permitan, son otros de sus objetivos.

Por lo que respecta a la protección de las infraestructuras hídricas de la ciudad, la nueva ordenanza permitirá evitar el deterioro de las redes de suministro de agua como consecuencia de la presencia de contaminantes que pudieran afectar a la salud pública o al correcto funcionamiento de las instalaciones.

Además, introduce otros cambios que "redundarán en la mejora del servicio", entre los que Ramón-Llin ha citado la regulación de los equipos descalcificadores, la instalación de hidrantes de protección contraincendios y la prohibición expresa de generar alarmas infundadas sobre la calidad del agua con interés comercial o lucrativo.

También contempla los avances tecnológicos, y por ello incluye la utilización de contadores inteligentes con radiotransmisión.

La normativa actualiza los precios de infracciones y sanciones de pesetas a euros, incluye la obligatoriedad de pago por pérdida de agua en fugas provocadas, adapta las sanciones en función del grado de afección a los usuarios e importancia de la infraestructura dañada y concede un año para adaptar las instalaciones existentes a la entrada en vigor de la ordenanza.