Acusados del grupo neonazi declaran que no ejercían «actividades peligrosas»

Así se han pronunciado los letrados al inicio del juicio que ha arrancado este lunes en la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, y en el que se han sentado en el banquillo 15 de los 18 acusados, puesto que respecto a los tres que faltan, uno de ellos está declarado en rebeldía; otro se encuentra en busca y captura; y el último está internado en un psiquiátrico.

La vista ha comenzado con cuestiones previas y, momentos antes de empezar, cuando los medios gráficos han entrado a la sala para grabar a los acusados, éstos se han dirigido a ellos y les han increpado llamándoles "hijos de perra" y diciéndoles: "No me grabes. No me saques. Vergüenza".

Ante esta situación, el presidente del tribunal se ha visto obligado a intervenir y ha pedido a los acusados que se tranquilizaran y que mantuvieran la calma por el bien de su defensa. Tras estas palabras ya no ha habido ningún incidente más, salvo el problema del calor que han pasado los acusados, letrados y jueces. Como consecuencia, se han tenido que traer dos ventiladores a la sala y el presidente ha dado permiso a uno de los acusados, que iba con una mascarilla, a salir del órgano judicial hasta que se recuperase.

La sesión de este lunes se ha limitado a cuestiones previas, y el tribunal ha suspendido la vista hasta mañana, a las 10 horas, con las declaraciones de los acusados --detenidos en el marco de la Operación Panzer--, para deliberar sobre un tema alegado por las defensas, y es que se han quejado de algunas entradas y registros practicados por la Guardia Civil a viviendas en las que intervinieron diferente documentación y armas, entre ellas un lanzagranadas, escopetas, revólveres, bolígrafos pistolas y puños americanos.

Las defensas han pedido la nulidad de estos registros puesto que han explicado que algunos de ellos se practicaron sin que estuviera presente el propio afectado, o ante la ausencia de letrados cuando los procesados ya habían sido detenidos, lo que vulneraría sus derechos de defensa. Esta controversia ha obligado al tribunal a suspender la vista hasta mañana, unido a la hora que era (13 horas) y al calor. Mañana se retomará el juicio y el tribunal se pronunciará sobre estos registros.

Junto a estos argumentos, las defensas también han pedido la nulidad de las intervenciones telefónicas ya que estiman que no concurría el requisito de proporcionalidad y de "lógica" para aprobarlas. Al respecto, han explicado que las mismas no estaban justificadas porque para ello "debía haber algo más que una web donde se vendían unos productos y una cartelaria". "No se puede admitir este tipo de prueba por muchas ganas que haya de perseguir este delito", ha apuntado uno de los abogados.

Así mismo, los letrados --quienes también han definido este juicio como "político"-- han puesto de manifiesto que estas intervenciones fueron autorizadas por un juzgado de Carlet que estiman que no era el órgano competente puesto que la mayoría de acusados vivían en Valencia.

En esta línea, también han criticado las actuaciones de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre quienes han dicho que crearon una "estructura artificiosa" para conseguir las intervenciones telefónicas, y les han acusado de "criminalizar partidos u organizaciones". "No puede la policía entrar en la mente de los acusados y dar por hecho que tienen una determinada ideología", ha apostillado un abogado.

La causa se remonta al año 2005, cuando se produjeron los arrestos sobre un grupo de personas que formaba parte de una organización denominada Frente Antisistema desde 2003, y cuyos fines eran el proselitismo y adoctrinamiento de la ideología nacional socialista, con difusión de informaciones que justificaban y promovían el uso de la violencia contra determinados grupos raciales, nacionales o ideológicos, según consta en los relatos provisionales de las acusaciones.

Así mismo, justificaban las medidas y acciones y acciones adoptadas por el gobierno alemán dirigido por Adolf Hitler contra el pueblo judío y otros colectivos negando numerosas evidencias demostradas ante los Tribunales de Justicia Internacionales después de la II Guerra Mundial.

Además, la organización facilitaba el envío de paquetería y venta de parafernalia nazi que utilizaban como fuente de financiación a través de diferentes webs con contenidos racistas y xenófobos, y correos electrónicos. También distribuían armas prohibidas y actuaban bajo las directrices de la llamada Junta de Mandos, teniendo cada uno de los procesados un cargo diferenciado.

Inicialmente se detuvo a 22 personas, pero finalmente la acusación se ha dirigido contra 18, quienes se enfrentan a un total de 42 años de prisión --tal y como reclaman el fiscal y la acusación popular, que representa a Acció Popular contra la Impunitat-- por asociación ilícita, tenencia ilícita de armas prohibidas y tenencia de armas de fuego reglamentadas. Entre los procesados en esta causa figura Pedro C., el asesino confeso del joven de Burjassot Guillem Agulló en abril de 1993, quien fue condenado a 16 años de prisión pero solo cumplió cuatro.