La juez del accidente de Metro: «No se ha mermado el derecho de defensa»

Así lo recoge una providencia de la jueza Nieves Molina fechada el pasado viernes y facilitada hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, después de que el Ministerio fiscal y los letrados de las partes se negaran a formular preguntas a varios testigos un día antes al alegar que no estaban en condiciones de hacerlo.

La jueza considera "acreditada la alta competencia" de los profesionales que intervienen en el procedimiento, así como que resulta "incuestionable su capacidad" para preparar y formular los interrogatorios pertinentes, como han demostrado ya en los que se han practicado.

Además, indica que los letrados llevan defendiendo los intereses de las partes personadas "desde el inicio de la causa".

La providencia señala que tanto el Ministerio fiscal como los letrados que asistieron el pasado 7 de febrero a los interrogatorios fueron informados de la suspensión de la declaración de los dos últimos testigos, acordada ese mismo día, así como del nuevo señalamiento, acordado verbalmente, para el 13 de febrero.

Según Molina, esa suspensión se debió a "lo avanzado de la hora", ya que eran más de las ocho de la tarde y las declaraciones habían comenzado a las 9.30 horas, por lo que se decidió posponer la declaración de los testigos "por deferencia a los mismos y a los propios letrados y Ministerio Fiscal".

El Ministerio Fiscal alegó que no estaba en condiciones de formular preguntas de carácter técnico sin oír previamente a los maquinistas, si bien la juez indica que "en ningún momento" se hicieron con anterioridad ni por escrito esas alegaciones.

Además, expone que el 7 de febrero el fiscal, como los letrados, sí que interrogó a otros cinco testigos, trabajadores de talleres de FGV, sin que hicieran ninguna alegación, por lo que "cabe suponer" que ese día llevaban preparados los interrogatorios de los otros dos testigos, "por lo que con más razón" estarían preparados casi una semana después.

Además, el fiscal justificó su negativa a formular preguntas en la necesidad de esperar la llegada de documentación "pendiente de recepcionar" en el juzgado y su posterior análisis, pero la jueza indica que las partes "disponen ya de toda la documentación", a excepción de la pedida a la fabricante CAF.

La instructora defiende no obstante que la documentación incorporada "no añade nada nuevo" a los datos que constan en distintos documentos e informes unidos a la causa, por lo que "acreditada la alta competencia" de los profesionales, "resulta incuestionable" su capacidad para preparar los interrogatorios.

"Desconoce esta juzgadora a qué estrategia responde la actuación" que tuvieron los letrados "negándose a interrogar a los testigos", si bien "lo que sí cabe afirmar es que en ningún momento se ha visto mermado su derecho de defensa", indica.

Molina recuerda finalmente que, con los señalamientos acordados para oír en declaración a los testigos, el juzgado da cumplimiento a lo ordenado por la Audiencia Provincial de Valencia en el auto en el que ordenó la reapertura de la investigación que costó la vida a 43 personas y causó heridas a 47.