La Fiscalía no ve delito en que los padres no lleven a su hijo a un colegio especial

Juan Rodríguez Zapatero, abogado de la asociación para la Solidaridad Comunitaria de las Personas con Diversidad Funcional y la Inclusión Social (SOLCOM), que ha apoyado la causa de los padres, ha explicado hoy en rueda de prensa que ahora la familia «respira» porque se ha aclarado que no han cometido «delito», como denunció la administración educativa.

Los progenitores del joven, que en agosto cumplirá 16 años y que lleva cuatro sin estar escolarizado, todavía no tienen, sin embargo, un colegio ordinario para su hijo, a pesar de que la Fiscalía reconoce en el informe el derecho del menor a acudir a un centro no especializado.

El niño comenzó su educación a los tres años en un colegio ordinario e inclusivo hasta que en cuarto de primaria la Consejería de Educación decidió que debía pasar a otro de educación especial, a lo que se negaron los padres, y que motivó el inicio de una larga batalla de la familia ante la administración educativa y la jurisdicción contencioso administrativa.

«No es un delito de abandono de la familia, es justo lo contrario. Partimos de un hecho gravísimo porque R.C. fue discriminado y fue objeto de malos tratos físicos y vejatorios », ha sostenido el abogado, en relación al momento en el que el niño fue «expulsado» del centro al que asistía para ir a uno especializado.

De esta forma se «deja claro» que la fiscalía considera que no hay «fundamento de situación de desamparo o abandono» del menor y que la denuncia «se aparta del principio de legalidad».

Además, se indica que «para que haya un delito de abandono tiene que haber despreocupación de los padres», por lo que ante la reclamación del derecho de la educación inclusiva, «es criterio asentado que su actitud» no representa «pasividad, pero sí enfrentamiento con la administración».

«No puede haber delito porque lo que se está pidiendo es un derecho», ha sentenciado el abogado, que cree que se ha puesto de manifiesto «cómo hay una insuficiente garantía de educación inclusiva» en España, lo que ejemplifica la «patología del sistema».

Por su parte, el padre del joven, Alejandro Calleja, ha reconocido que el informe de la fiscalía «satisface» porque «reconoce lo que todo el mundo reconocía» que, lejos de un supuesto abandono del menor, se le ha estado «defendiendo».

Por eso, ha señalado que se trata de una «denuncia falsa» porque la administración educativa «no ha tenido motivos» para acusar «de lo más grave que pueden hacer unos padres», que es un supuesto abandono.