Castilla y León estrena año con una rebaja de 3,2 céntimos en la gasolina

La bajada del «céntimo sanitario» entró ayer en vigor, aunque no será hasta hoy cuando lo empiecen a aplicar muchas de las gasolineras de la Comunidad. Se pasará, así, de contar con el tipo más alto del país al tener el «céntimo sanitario» más bajo, si bien hay regiones que no lo aplican. Lo agradecerán los bolsillos de los castellano y leoneses, que en este impuesto han dejado en torno a 110 millones en 2014, de acuerdo con las previsiones de recaudación de la Junta. Para 2015, ésta caerá a 65.

La aplicación de los nuevos precios será «vigilada», tal y como advirtieron desde el Gobierno autonómico para garantizar que la reducción del impuesto llegue a la ciudadanía en Castilla y León, que antes de esta bajada era una de las comunidades con los surtidores de gasolina más caros. En concreto, en noviembre, el precio fue de media de 1,34 euros por litro, el mismo que en Andalucía y Galicia y sólo superado en Baleares, donde se pagó a 1,37. Un coste recortado por el derrumbe del precio del petróleo, que ha llevado en los últimos meses a que en la Comunidad sea de medía un cinco por ciento inferior al de hace un año.

La rebaja, incorporada en la Ley de Medidas Tributarias aprobada el pasado 17 de diciembre, se adopta ante una mejora de los ingresos tributarios que permite reducir el cargo a los conductores. Aunque es bienvenida, desde el sector siguen insistiendo en su desaparición, tal y como se ha hecho en Cantabria, donde el 2015 ha traído la supresión íntegra del «céntimo sanitario». Se suma a País Vasco, La Rioja, Aragón y Navarra.

La Junta prevé que la reducción de precios llevará a una mejora del consumo, que había menguado en los últimos años, a consecuencia, según el sector, de esta tasa. «Creaba desventaja competitiva frente a otras regiones limítrofes en las que no se aplicaba dicho impuesto», aseguraron desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España. Tras los cambios, celebran que Castilla y León reduzca un 70 por ciento un polémico gravamen que desde el principio contó con la oposición de las estaciones de servicio, la sociedad y los transportistas, que aunque inicialmente no, en la actualidad reembolsan el coste.