Herrera llevará a la Audiencia los contratos de la Junta con la empresa «líder» de Púnica

Y ha dado instrucciones claras y precias a su equipo y, además, con efecto inmediato. Nada de dilatarse en el tiempo ni entretenerse en los laureles. Hoy mismo toca «examen». El Consejo de Gobierno analizará en su habitual reunión semanal el informe que debe elaborar el interventor general de la Consejería de Hacienda sobre «todas aquellas relaciones, contratos, subvenciones que, directa o indirectamente, la Junta de Castilla y León haya podido tener» con la principal empresa señalada en la trama. Aunque Herrera no la citó expresamente por su nombre, se refería a Cofely, la filial española de la multinacional francesa GDF Suez, especializada en servicios de eficiencia energética y sobre la que pivotaría de la trama de corrupción política autonómica y municipal y empresarial investigada por el juez Eloy Velasco.

Herrera dejó claro que en el Consejo de Gobierno de hoy se procederá al «examen y la comprobación de la absoluta corrección de todos los extremos de esa relación». «No quiero dudas al respecto, no las quiero», recalcó el jefe del Ejecutivo.

Ésta es sólo la primera de las cuatro decisiones tomadas ayer por el presidente de la Junta tras este nuevo caso de corrupción, según dio a conocer él mismo a los periodistas antes de clausurar en Valladolid la Asamblea General de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) Castilla y León, en la que fue reelegida presidenta Soraya Mayo.

La segunda decisión también pone en el centro de la diana a Cofely. El líder del Ejecutivo ha dado instrucciones para la «paralización inmediata de cualquier expediente» concerniente a esta empresa.

Y para que no quede duda, la tercera medida: toda la información recabada se remitirá de forma «urgente y sumaria» a la Audiencia Nacional, a la que se comunicarán «todos los extremos del contrato, objeto, supervisión...». «Toda la información», incidió Herrera, quien también avanzó que la Junta se pondrá a disposición del Alto Tribunal para la posible «investigación» de todos los expedientes completos.

La revisión no sólo afecta a la actual legislatura, sino que echa la vista atrás. Pues, precisó el jefe del Ejecutivo autonómico, la orden de «comprobar» la relación de la Junta con Cofely se refiera a «toda la serie histórica». En este sentido, cualquier consejero, «en el momento actual o anteriores», que haya podido tener una relación con esta empresa solicitará «con carácter inmediato» su comparecencia ante las Cortes regionales para trasladar a los grupos políticos «toda la información, todos los extremos, de un asunto en el que yo creo que debemos movilizarnos».

Unas instrucciones que llegan porque, pese a que no hay datos que señalen a la posible vinculación de la Junta de Castilla y León con la trama, señaló Juan Vicente Herrera, «no puede en estos momentos de alarma social movernos a la confortabilidad, al no hacer absolutamente nada».

Herrera defendió la apuesta del Gobierno regional por la «transparencia», algo, dijo, además, exigido por la sociedad y «más en un momento de alarma apuesta por la transparencia que, además, es una exigencia de la sociedad y «más en un momento de alarma» como el actual.