El mandato de Rafael Díaz en la Audiencia de Cuentas se agota en junio y el pleno para renovarlo aún no tiene fecha

Fuentes del órgano auditor insistieron ayer en que se trata de un «trámite» que no tiene nada que ver con las inminentes elecciones de mayo, aunque bien es cierto que la decisión de renovarlo en el cargo o no coincide en medio de un proceso de cambio de diputados en el Parlamento, quienes, al fin y al cabo, son los receptores de los informes de fiscalización y los responsables de su posterior visto bueno en la comisión parlamentaria correspondiente, entre otras cosas.

De momento, las mismas fuentes confirmaron que aún no se ha puesto fecha a la sesión plenaria para abordar la renovación de la Presidencia y consideran que hay tiempo más que suficiente para convocarla antes o después de la cita electoral. El mandato del presidente del ente fiscalizador, en este caso de Rafael Díaz, es por tres años, mientras que el de los auditores es de cinco años. Desde junio de 2012, además de Díaz, José Carlos Naranjo, Esther González, Juan Carlos Alemán y Elena María Hernández componen el plenario de la Audiencia de Cuentas autonómico.

En este periodo, desde la institución se ha puesto la lupa sobre infinidad de corporaciones públicas de ámbito local, insular y regional, así como empresas públicas , universidades y fundaciones adscritas a la Administración canaria y, sin embargo, uno de sus informes «estrella», por los datos que arrojó, fue el de la gestión de Radiotelevisión Canaria (RTVC).

El detallado documento desgranó la política de contratación de productos audiovisuales llevada a cabo con distintas productoras, entre otras actividades propias de la TV Canaria, describió posibles irregularidades en torno a ellas y evidenció la opacidad en dicha gestión. Precisamente, en una legislatura marcada por la elaboración de la primera Ley de Transparencia de Canarias.

Los técnicos de la Audiencia de Cuentas, recalcaron las mismas fuentes, trabajan a igual ritmo que en cualquier otro ejercicio y según el calendario establecido, al margen de que se celebren elecciones este año. De hecho, quedan al menos siete informes por aprobar en el Parlamento, aunque están publicados, además de otros pendientes de enviar para que luego la comisión se convoque y los vaya incluyendo en el orden del día. De modo que la «máquina» fiscalizadora sigue funcionando a pleno rendimiento.

Una de las medidas más novedosas implantadas en estos tres años es la opción de sancionar a aquellas administraciones que no faciliten información al órgano de control. Podrán ser requeridas del deber legal de hacerlo y, si no atienden el requerimiento en el plazo fijado, la Audiencia lo pondrá en conocimiento de la Tesorería de la Comunidad Autónoma, que retendrá el 2% de los pagos que puedan corresponder a la incumplidora.