Canarias deberá «autorizar» la explotación de petróleo concedidas a Repsol

Esto, que se plantea a medio plazo, significa que, aunque el Ejecutivo canario carga contra el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el competente para dar curso a la autorización para explorar, y litiga sin éxito, de momento, en las instancias que considera oportuno para frenar los permisos, en la práctica, la autorización administrativa para realizar prospecciones no es más que el inicio de un complejo procedimiento administrativo que supone la participación, no solo de Industria, sino también del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), en calidad de órgano ambiental y, en último término, del propio Gobierno autonómico.

Llegar a ese momento, elaborar un informe preceptivo de explotación de petróleo si se encuentra, es la incómoda «papa caliente» que el Gobierno autonómico, reciente abanderado del «no» a la búsqueda de crudo , evitaría encarar si logra paralizar judicial, política o administrativamente la investigación y enterrar a tiempo la opción exploratoria.

Así las cosas, el Gobierno español informa al diputado de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, que los permisos de investigación de hidrocarburos «Canarias 1 a 9», aparte de conferir a su titular -Repsol- el derecho en exclusiva para indagar la posible existencia de bolsas de crudo en el área otorgada, no suponen «una autorización automática de ningún tipo de trabajo, ni tampoco permiten la explotación de los potenciales yacimientos», ya que se necesita de una concesión específica para la explotación de los recursos que puedan ser hallados. Concesión en la que estará involucrado el Gobierno canario.

El Gobierno español aclara a Quevedo que durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los sondeos de petróleo, Medio Ambiente podrá evacuar consultas a las partes interesadas en el proyecto exploratorio.

Es más, unido a lo anterior, puntualiza que se les escuchará: "En los futuros trámites de autorización administrativa de los trabajos de desarrollo del programa de investigación, volverá a contarse con la participación de los interesados, a través del trámite de audiencia", indica al diputado de Nueva Canarias.

Igualmente, recuerda que durante la tramitación del Real Decreto 547/2012 de 16 de marzo que convalidó el Real Decreto 1462/2001, tanto el Ejecutivo autonómico como los cabildos de las islas de Lanzarote y Fuerteventura fueron consultados, solicitándoles y valorando "adecuadamente" sus alegaciones y documentos con relación al procedimiento, cuestión ésta negada una y otra vez por los responsables de ambas corporaciones insulares.