Karim Khan, acusador y defensor de criminales de guerra

Karim Khan (Edimburgo, 1960), ocupa el cargo de fiscal jefe en la Corte Penal Internacional desde junio de 2021, y antes de alcanzar el puesto, fue subsecretario general de las Naciones Unidas y dirigió la misión de la ONU que promovía la rendición de cuentas de los crímenes cometidos por los yihadistas en Irak.

Previamente, en su carrera como abogado defendió a clientes de alto perfil en varios tribunales internacionales. Entre ellos personajes como Saif al Islam, hijo del fallecido dictador Muamar Gadafi, o Charles Taylor, expresidente de Liberia, quien lo despidió para representarse a sí mismo y que luego fue condenado a 50 años de prisión por haber cometido crímenes de guerra en Sierra Leona.

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También defendió a William Ruto, el actual presidente de Kenia. En 2011, el entonces fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, había acusado a Ruto de participar en la violencia postelectoral que azotó al país entre 2007 y 2008. Sin embargo, Khan demostró con éxito que las pruebas contra el político keniano eran demasiado débiles y, por tanto, inadmisibles; Ruto fue declarado inocente.

En marzo de 2023, a raíz de la invasión en Ucrania, Khan solicitó órdenes de arresto contra Vladímir Putin y una funcionaria de su Gobierno por el traslado ilegal de niños ucranianos desde zonas ocupadas a Rusia. Mediante decretos, Putin aceleró la concesión de la ciudadanía rusa a muchos de estos menores, que vivían en orfanatos u hogares de cuidado infantil, para facilitar su adopción por familias rusas.

A propósito de esto y observando esa diligencia, algunos analistas criticaron a Khan la lentitud con la que llevaba otra de sus investigaciones, abierta con anterioridad en 2021: la de los presuntos crímenes cometidos en territorio palestino. Los señalados eran tanto las Fuerzas de Defensa de Israel como Hamás; los primeros por atacar intencionalmente y de manera desproporcionada a la población civil y personal sanitario y los segundos por disparar misiles indiscriminadamente contra Israel durante la guerra de 2014.

Sin embargo, Khan se defendió alegando un problema logístico en el caso palestino-israelí; mientras las autoridades ucranianas le habían permitido trabajar dentro del país, Israel le impidió a él y a su equipo ingresar a Gaza.

El fiscal también es conocido por su investigación abierta contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. En una de sus visitas Khan aseguró que su trabajo no consistía en «ser popular, sino en aplicar la ley». El Gobierno chavista exigió detener el avance de las pesquisas, pero la Cámara de Apelaciones rechazó los argumentos presentados. En noviembre de 2021, Venezuela se convirtió en el primer país latinoamericano en el que la CPI abrió una investigación formal.