«Sherlock Holmes» contra el maltrato
La aprobación de la Ley Integral contra la Violencia Doméstica otorga mayor fuerza a la lucha contra esta lacra social. Sin embargo, el gremio de detectives privados propone prestar sus servicios de oficio para hacer que se cumplan las órdenes de protección
La situación de desamparo que viven muchas de las mujeres maltratadas en nuestra región y, en conjunto, en todo el país, puede tener un balón de oxígeno en una propuesta del gremio de detectives privados. Al menos, así lo creen estos profesionales, quienes han aportado una idea, cuanto menos novedosa, a la petición y cumplimiento de las órdenes de alejamiento por parte de los verdugos de estas mujeres.
Concretamente, la Asociación de Detectives Privados de España (APDPE) ha remitido a la Consejería de Empleo y Mujer, que dirige Juan José Güemes, un documento en el que, entre otros puntos, proponen la utilización de sus servicios en beneficio de aquellas mujeres sin recursos que tienen concedida una orden de alejamiento de sus cónyuges por malos tratos o desean que se les otorgue.
Se trata de una petición seria de este gremio, «acostumbrado a investigar dentro del ámbito familiar», tal y como expresó a ABC un portavoz. La manera de hacer posible esta propuesta y sus principales objetivos se concretan en las siguientes ideas; por un lado, controlar las órdenes de alejamiento concedidas por los jueces, de forma que cuando no se cumplan las mujeres puedan aportar al juez pruebas de su quebrantamiento.
Labores de escolta
Sería éste el primer punto de actuación de los detectives, ya que resulta imposible que un policía escolte a todas las maltratadas que gozan de estas órdenes. Pero otro de los puntos fundamentales de esta propuesta es la posibilidad de presentar pruebas para que el juez conceda esas órdenes de alejamiento. Además, los detectives entienden que hay muchos ex cónyuges que se llevan a los niños y desaparecen con ellos, por lo que también podrían vigilar los regímenes de visitas en aquellos casos en los que se presumiera algún tipo de peligro al respecto.
En tercer lugar, en algunas ocasiones el miembro de la pareja que tiene que pasar la pensión compensatoria arguye que no tiene medios económicos para hacerlo, por lo que los detectives se encargarían de investigar si esa persona, realmente, carece de ocupación.
Todo ello se haría de oficio, con lo que las mujeres maltratadas se ahorrarían el mínimo de 1.000 euros que este tipo de servicio cuesta si se realiza de manera privada. La intención sería, por tanto, que este turno de oficio, al que estarían dispuestos a acogerse los alrededor de 700 detectives privados que existen en Madrid, estuviese subvencionado por la Administración, con lo que su coste para las arcas públicas se reduciría notablemente -rondaría entre los 300 y los 400 euros-.
Este aspecto, el económico, puede ser el más peliagudo, pero desde el gremio se asegura que la Administración autonómica «está otorgando numerosos fondos en la lucha contra la violencia doméstica». La Asociación ha presentado el documento a numerosas personalidades e instituciones, incluido el Ministerio del Interior.
Los detectives pretenden que sus propuestas de colaboración sean incluidas en la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género. Se asegura que tales formas de cooperación, que se sustentan en el principio de colaboración de los detectives privados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con jueces y tribunales y con el ministerio fiscal, se enmarcan «de un lado, en la prevención de conductas violentas; y, de otro, en el control de medidas de seguridad adoptadas por la autoridad judicial, y se concretan en la aportación de informes de investigación o pruebas para una mejor fundamentación fáctica de la decisión judicial».
Finalmente, los detectives proponen la «inclusión expresa de la figura del detective privado en la Ley contra la Violencia de Género.
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