PSV, la locura de UGT

La Audiencia Nacional ha resuelto el caso PSV con una sentencia de mínimos que condena únicamente a su máximo responsable, Carlos Sotos, y declara la responsabilidad civil subsidiaria del sindicato UGT. El caso PSV, que se inició en 1993 a raíz de la suspensión de pagos de su gestora, IGS, fue el mayor fraude inmobiliario cometido en España. Para desgracia de UGT, este proceso penal puso al descubierto los graves errores cometidos por el sindicato socialista en su proyecto de emular a sindicatos europeos en la prestación de servicios sociales a sus afiliados. UGT apostó a fondo por la promoción de viviendas sociales, pero el resultado final fue un entramado de sociedades, gestora -IGS- y cooperativa -PSV- que se apropió de trece mil millones de pesetas, entregados por los cooperativistas para la compra de viviendas. Estos fondos, dice la sentencia, «se destinaban a actividades ajenas a la actividad inmobiliaria de ámbito social».

La sentencia descarga toda la responsabilidad en Carlos Sotos -cuya prisión provisional dio lugar a una restrictiva doctrina del Tribunal Constitucional-, de quien se dice que dirigía el entramado de empresas «de modo presidencialista», aunque descartando el enriquecimiento personal. La sentencia, siguiendo la tesis del fiscal, admite la atenuante muy cualificada de reparación o disminución del daño, lo que mal se compadece con el importe multimillonario de lo defraudado y el perjuicio actual ocasionado a los cooperativistas. El resultado es una condena a dos años, cuatro meses y un día de prisión menor, lo que asegura a Sotos no entrar en la cárcel por el abono del tiempo pasado en prisión provisional. La tendencia benévola de la sentencia, que cita como antecedente el caso «Argentia Trust», termina con la absolución de los demás acusados, reducidos a meros observadores de la ingente defraudación a pesar de la relevancia de sus puestos directivos.

Frente a la escasa relevancia punitiva de la sentencia -la imprescindible para facilitar la reparación económica a los perjudicados-, destaca la contundencia de la imputación al sindicato de la responsabilidad civil subsidiaria. UGT paga así una alocada aventura empresarial, para la que ni estaba preparada ni eligió a las personas idóneas, pese a lo cual realizó con IGS y PSV operaciones financieras poco adecuadas con el carácter de un sindicato, como la venta de su sede a IGS y posterior alquiler a la propia UGT, o el cobro de una cantidad por cada vivienda promocionada. De esta forma, lo que inicialmente iba a ser un proyecto de corte social, acabó convertido en una herramienta financiera para sanear la economía del sindicato y financiar promociones ajenas a las comprometidas con los cooperativistas. En definitiva, para defraudar a miles de ciudadanos.