Sectarismo judicial

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial propuestos por el PSOE han vuelto a demostrar su obediente coordinación con la política opositora de este partido frente al Gobierno en materia de Justicia. El pasado año pretendieron que el Consejo reprobara al ministro de Justicia el mismo día en que el Congreso debatía las reformas legales presentadas por Acebes y que eran las mismas que meses antes había solicitado el presidente del Consejo, Javier Delgado. Ahora, esos mismos vocales, secundados por los propuestos a instancia de IU y PNV, quieren abrir otro frente judicial al Gobierno en el mismísimo Tribunal Constitucional, mediante un conflicto de competencias con el que pretenden negar al Ejecutivo la potestad de indultar la pena de inhabilitación impuesta a Liaño, expulsión incluida. A la precipitación injustificada de la propuesta se une la confusa actuación del presidente Delgado, quien ayer hizo pública una nota de prensa en la que reconocía haber autorizado a su vicepresidente, Luis López Guerra, a dirigirse al Gobierno para solicitar el acuerdo de planteamiento del conflicto de jurisdicción. Que el presidente del Consejo no haya esperado unas horas para asumir personalmente una actuación tan trascendente merece una explicación mucho más creíble. En todo caso es notoria la prisa incontrolable por presentar al Gobierno como un usurpador contumaz de funciones ajenas —de la Sala Segunda y del CGPJ— y en hacer sombra al Tribunal especial de Conflictos de Jurisdicción, destinatario, desde hace semanas, de inequívocos mensajes de presión en contra del Gobierno.

Técnicamente la propuesta de los vocales del Consejo es inoportuna e infundada. Si algo hubiera podido motivar el conflicto de competencia ante el TC habría sido, en todo caso, el Real Decreto de indulto, que es el acto supuestamente usurpador, pero no el planteamiento del conflicto de jurisdicción. Estos vocales, conscientes de que ha pasado el mes legalmente previsto para plantear el conflicto de competencia contra el Real Decreto, trasladan el contencioso a la disputa con la Sala Segunda, y, sin esperar a que se resuelva, quieren provocar una duplicidad de procesos que, al final, acabaría enfrentando al TC con el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. La jugada propagandista está bien pensada: conseguirían la imagen de un Gobierno que sería juzgado por el TC. Sin embargo, toda esta artimaña carece de base legal en tanto no se resuelva el conflicto de jurisdicción que promoverá el Gobierno. Si éste lo pierde, no ha controversia con el Consejo. Pero si finalmente gana el conflicto y se le reconoce la potestad para indultar a todos los efectos una pena de inhabilitación, sería luego la Sala Segunda la que trasladaría al Consejo la resolución de reingresar a Liaño. ¿Se acordará entonces el Consejo de que no puso pega alguna a la expulsión de Liaño, también ordenada por el Tribunal Supremo? A esto se le llamaría coherencia. Lo otro es sectarismo.