El PP le da a Armengol un ultimátum de 48 horas para que desbloquee el control al Gobierno

Preguntada por la fecha de la investidura, que Francina Armengol se resiste a fijar desde hace tres semanas, la ministra de Educación ha dejado entrever que es el propio PSOE, y no la presidenta del Congreso, el que maneja los tiempos para programar ese pleno de investidura. «Hay un plazo máximo hasta el 27 de noviembre y cuando nosotros tengamos esos números para hacer esa investidura y tengamos los apoyos necesarios iremos adelante con ella», ha señalado Alegría, dejando claro que será Pedro Sánchez el que determine la fecha y no Armengol, como fija el Reglamento.

El desliz de la ministra en ‘La Hora de La 1’ da alas al Partido Popular en su cruzada para denunciar el funcionamiento al ralentí del Congreso, escenificado en la reunión de la Mesa celebrada este miércoles, en la que populares y socialistas han vuelto a chocar por la composición de las comisiones y el inexistente control parlamentario al Gobierno en funciones.

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Tras dos semanas sin reunirse, el órgano rector de la Cámara Baja ha vuelto a hacerlo este miércoles con varios asuntos sobre la mesa, aunque solo uno de ellos ha encontrado el consenso. Se ha acordado la composición de la Diputación Permanente, la encargada de tomar decisiones en períodos inhábiles, que contará con 68 miembros –además de la presidenta–, de los que la derecha tendrá 33 diputados (27 del PP y 6 de Vox) y el resto, con la excepción del diputado del Grupo Mixto, aún por determinar si será de CC, BNG o UPN, corresponderán al PSOE (24) y sus posibles socios de investidura: Sumar (6), ERC (1), Junts (1), Bildu (1) y PNV (1). Casi un empate técnico, roto por el voto de la presidenta.

Ha sido el único acuerdo relevante del día, pues no ha habido ‘quorum’ a la hora de fijar el número de miembros que formarán las comisiones legislativas, que se mantienen paradas. Tampoco se ha llegado a un pacto para convocar la Junta de Portavoces, cuya reunión es imprescindible para desbloquear, entre otras cosas, el control parlamentario al Gobierno en funciones. El cónclave de portavoces solo se ha convocado dos veces desde la constitución de las Cortes: el 17 de agosto y la última vez, el 19 de septiembre. Desde entonces, se acumulan sobre su mesa varias iniciativas pendientes de votación y la petición para que comparezcan los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el de Exteriores, José Manuel Albares, y la de Trabajo, Yolanda Díaz. Además, está esperando también la declaración institucional sobre los ataques de Hamás en Israel. Asuntos pendientes que, según el PP, no pueden esperar más.

Por eso, los populares habían pedido a Armengol que convocara la Junta para la próxima semana, algo que no ha concretado la presidenta y que ha provocado la reacción del PP, que por la tarde ha elevado un escrito a la Presidencia pidiendo que antes del viernes se fije una fecha para esa reunión o «adoptará las acciones que correspondan en derecho».

Es la Junta de Portavoces la encargada de fijar un calendario de plenos sin el que resulta imposible que se establezcan sesiones de control al Gobierno en funciones, algo por lo que peleó en primera persona el PSOE en 2016. El Congreso elevó la disputa con el Ejecutivo de Mariano Rajoy al Tribunal Constitucional y, dos años después, en 2018, el órgano de garantías estableció que el hecho de estar en funciones no impide la fiscalización del Parlamento.

«El PP considera que se están vulnerando las más elementales normas de control parlamentario. A diferencia del Gobierno, que hace dejación de sus funciones, el PP lleva ejerciendo sus responsabilidades parlamentarias desde la constitución de las cámaras», han señalado los populares en su comunicado, en el que anuncian también la solicitud de comparecencia de Grande-Marlaska e Ione Belarra en el Senado para ofrecer explicaciones sobre la crisis migratoria en Canarias y las repercusiones de la Agenda 2030, respectivamente.

Fuentes cercanas a la Presidencia de la Mesa se revuelven contra las acusaciones del PP y dan la vuelta a la tortilla. Según detallan, hace quince días se trasladó una propuesta a los populares para la constitución de las comisiones legislativas, pero estos la han rechazado este miércoles por estar en desacuerdo con el reparto propuesto. Desde el PSOE entienden que es equivalente al que sí ha aceptado el PP para la Diputación Permanente.

«Convendría un acuerdo sobre comisiones si no se quiere bloquear la actividad», despachan estas fuentes, que sin embargo no aciertan a explicar por qué aún no se ha sometido el Gobierno a examen parlamentario. La última sesión de control en el Congreso se celebró en mayo, antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese mes. Ya a finales de agosto Vox exigió poner en marcha estas sesiones, como Sánchez pedía a Rajoy hace años.