La mayoría progresista del TC avanza su respaldo a Batet por negarse a reclamar los expedientes de los indultos

Los diputados populares habían denunciado la vulneración de su derecho al ejercicio del cargo como parlamentario y el deber de los órganos de la Cámara Baja de preservarlos. Todo a raíz del escrito que el Grupo Popular presentó ante la Mesa del Congreso en el que pedían la solicitud de informe al Ministerio de Justicia y a la Presidencia del Gobierno para que se recabasen todos los documentos que integraban los expedientes de estos indultos, algo que Batet rechazó. El Gobierno, por su parte, se había amparado en la protección de datos para negarse a hacer públicos los expedientes completos sin el consentimiento de los afectados.

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La pugna entre el PP y La Moncloa por el acceso a todos los expedientes relacionados con los indultos del 'procés' comenzó prácticamente tras la concesión de la medida. El pasado 23 de junio de 2021, solo un día después de otorgarlos, la portavoz popular, Cuca Gamarra, solicitó al Ejecutivo, a través del Congreso, copia de todos los documentos. El Gobierno contestó el 2 de septiembre rechazando la petición con el mismo argumento con el que está vetando el acceso de los ciudadanos a estos documentos a través de Transparencia. «Contienen circunstancias personales, familiares y sociales, así como datos de ilícitos penales que no se pueden divulgar sin contar con el consentimiento expreso del afectado» o «transcurridos los plazos establecidos» (25 años desde la muerte del indultado o 50 años desde la concesión del perdón).

Los populares consideran que este argumento vulnera la legalidad. Primero, porque resulta contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el derecho de la sociedad a estar informada sobre los indultos otorgados. Segundo, porque los datos personales pueden suprimirse como de hecho se hace en las resoluciones judiciales. Para el grupo parlamentario, el argumento del Gobierno revela su deseo de «sustraerse, por cualquier medio y de forma arbitraria, del deber de proporcionar la documentación».

Ocho días después de recibir esta contestación, la portavoz popular decidió pedir amparo a Batet para que instara a La Moncloa a remitir los documentos. La presidenta de la Cámara señaló que no le correspondía «valorar» la respuesta del Ejecutivo, pero lo hizo de forma explícita cuando negó que el Gobierno hubiera incumplido su deber porque ofreció «razones fundadas en derecho» para no facilitar la información.