Sumar propone reformar la ley de tráfico para que las multas sean progresivas
La norma busca que el régimen sancionador español esté regulado por los ingresos del infractor y no sólo por la gravedad de los hechos como hasta ahora
Se trata de un concepto de sanciones administrativas que lleva más de un siglo implantado en países como Finlandia
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El régimen sancionador del tráfico en España está regulado según la gravedad y las consecuencias de la infracción, pero nunca por los ingresos o capacidad económica del que comete la falta. Esto es, según el tipo de falta que se cometa al volante, la multa será de mayor o menor cuantía económica: una leve, 100 euros; una grave, 200 euros; y una muy grave, hasta 500 euros (aunque puede haber casos en los que se supere esa cantidad). Algo que resulta «injusto, desproporcionado y poco disuasivo» a la hora de cometer los hechos, explica el diputado Enrique Santigo, de Izquierda Unida (IU), organización integrada en Sumar.
Es por ello que Sumar ha presentado ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley (PL) para la reforma de la ley de tráfico de cara a instaurar en España un sistema de multas progresivas para que quien cobre más, pague más. «100 euros no suponen el mismo esfuerzo para quien cobra más de 5.000 euros al mes que para quien recibe el salario mínimo. [...] No puede ser que una multa de tráfico arruine el mes para unos y que para otros sea calderilla», ha defendido Santigo desde el atril la sala de prensa de la Cámara Baja. El parlamentario de IU se muestra asimismo convencido de que así se «mejorará» la seguridad de las calles y carreteras de nuestro país, ya que las multas progresivas son, a su juicio, la «única forma que sirve para disuadir a todos los conductores [de cometer infracciones al volante] sean ricos o no». «Es pura lógica democrática», razona.
El incremento de las sanciones leves de acuerdo con la capacidad económica del infractor se realizará de manera ponderada de la siguiente forma, tal y como se lee en el escrito al que ha tenido acceso ABC: «En un 150 por ciento para los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales se sitúan entre los 70.000 y los 85.000 euros; en un 300 por ciento para los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales se sitúan entre los 85.000 y los 100.000 euros; en un 500 por ciento para los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales son superiores a los 100.000 euros».
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Para las infracciones graves y muy graves, una vez determinada la sanción y su graduación, «la ponderación de la capacidad económica de la persona responsable incluirá la reducción de la multa, en los siguientes supuestos: para aquellas personas que acrediten percibir unos ingresos de hasta 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), la reducción será del 30 por ciento; para aquellas personas que acrediten percibir unos ingresos de entre 1,5 y 2,5 veces el SMI, la reducción será del 15 por ciento».
Eso sí, la norma contempla unos supuestos mínimos para todas las multas de cara a evitar que a personas con patrimonio muy inferior les salga de forma gratuita infringir las normas de tráfico.
Las multas progresivas constituyen un concepto de sanciones administrativas que lleva más de un siglo implantado en países como Finladia o también Suecia, modelo en el que se ha inspirado Sumar, además de en diversos informes nacionales e internacionales, así como en artículos como el escrito en el año 2015 por el profesor Javier García Luengo que recoge el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y que ya planteaba «la necesidad, impuesta por los principios de igualdad y proporcionalidad, de tomar en consideración las circunstancias económicas del infractor al determinar la pena de multa».
Sumar espera contar para esta reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial con el respaldo de todos los grupos parlamentarios de la cámara, si bien no esperan que el Partido Popular (PP) haga lo mismo.
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