Mentiras y datos inciertos de Sánchez

El Ejecutivo de José María Aznar (PP) aprobó en diciembre del año 2000 una medida de gracia que afectó a 1.443 personas. Se trató de un indulto -en ningún caso de una amnistía, a pesar de la comparación por parte del presidente en funciones- de condenados a delitos menores y, sobre todo, a 460 insumisos del servicio militar obligatorio, actividad que en marzo de aquel año, y en cumplimiento del pacto del Majestic (1996) con CiU, el PP se había comprometido a suprimir. Eliminación que quedó aprobada, definitivamente, a finales de 2001. Y respecto a los indultos «a miembros de Terra Lliure», concedidos por Aznar en agosto de 1996, se trató de la subsanación de un error del Gobierno de Felipe González (PSOE). El 8 de marzo de 1996, González firmó el indulto a 18 independentistas. Pero fallos en los expedientes de la tramitación dejó en manos de la siguiente administración el indulto a 16 de aquellos. Así, fue Aznar quien firmó en junio de aquel año el indulto a los 16 miembros de Terra Lliure que el Ejecutivo del PSOE había iniciado y dejado en el aire. Aznar pudo revocarlos, pero no lo hizo. La Audiencia Nacional, que había condenado en 1995 a los luego indultados, pidió la medida de gracia en su sentencia.

Sánchez defendió, este miércoles, durante su intervención en la primera sesión del pleno de su investidura, que la amnistía, principalmente, y las cesiones a los independentistas, en general, no se sitúan fuera de la Constitución. Tal afirmación solo podrá ser confirmada, o desmentida, por el Tribunal Constitucional (TC). Precisamente, lo que no es cierto es que la Carta Magna de 1978, tal y como la interpreta el órgano supremo y único para tal efecto, se cumpla «en todos los territorios». Un ejemplo sirve, al menos, para matizar esta frase. En Cataluña, no se cumplen las sentencias del TC en materia lingüística en las escuelas, por lo menos, desde 1994. Desde esta fecha, los magistrados del Constitucional han señalado, en todas sus sentencias, que tanto español como catalán tienen que ser lenguas vehiculares en las aulas. La Generalitat las lleva incumpliendo sistemáticamente décadas.

El candidato socialista a la reelección cargó sobre las espaldas del PP la responsabilidad del proceso soberanista ilegal y del auge del independentismo en Cataluña, dato rebatible y que el propio acuerdo de investidura entre Junts y el PSOE cuestiona, cuando se atribuye a la sentencia sobre el Estatuto catalán del Tribunal Constitucional de 2010, entonces con José Luis Rodríguez Zapatero, también del PSOE, en La Moncloa, la espoleta del proceso secesionista. Sí gobernaba el PP (Mariano Rajoy) en 2012 cuando Artur Mas acudió a La Moncloa para exigir un pacto fiscal que, al ser rechazado, llevó al líder nacionalista a adelantar los comicios autonómicos. Pero ese fue el inicio de un proceso que de hecho venía larvándose desde años antes, obviando ayer el candidato del PSOE que es durante el mandato de Rodríguez Zapatero, y también con Pasqual Maragall en la Generalitat, cuando se fragua el excluyente con el PP Pacto del Tinell y la reforma del Estatuto que acabó poniendo Cataluña en el camino de la ruptura.

El candidato hizo un amplio repaso a medidas adoptadas por gobiernos autonómicos del PP que cuentan con el apoyo de Vox, para asegurar que asistimos a una regresión social y de derechos en estos territorios. Aludió por ejemplo a supuestos recortes de derechos por parte del Ejecutivo de Castilla y León. Fue el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien le respondió, señalando por ejemplo el aumento de un 10% del presupuesto para promoción de la mujer, hasta los 11,8 millones, o asegurando que Castilla y León es la región que más porcentaje de su presupuesto destina a los servicios públicos. Del mismo modo, el presidente de la Junta destacó que la región es la que más médicos de Atención Primaria por cada mil habitantes emplea, apuntando igualmente la próxima tramitación de una ley en las Cortes autonómicas para garantizar los servicios sociales básicos en todo el territorio. Otros dirigentes autonómicos del PP respondieron también al candidato socialista.

Con este mensaje, Sánchez trató de tranquilizar, básicamente, a los votantes, simpatizantes y militantes socialistas, así como a los ciudadanos que ven con asombro los pactos del PSOE con Junts y ERC, protagonistas del 'procés' y coautores de la ley de amnistía que les dejará sin pena judicial por los hechos ilegales de 2017. Sin embargo, el independentismo sí se siente «orgulloso» de un proceso sancionado por los tribunales de Justicia. Tanto Carles Puigdemont como Oriol Junqueras mantienen que el referéndum del 1-O fue legítimo y advierten que lo volverán a hacer, si fuera necesario.