El juez rechaza la querella del PP por financiación ilegal contra el PSOE en el caso hidrocarburos

En un auto notificado este lunes, Pedraz asume así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que se posicionó contra la admisión de la querella por falta de fundamento, pues se apoya en una noticia según la cual, un supuesto empresario no identificado habría llevado hasta 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE.

Conforme explica el instructor, «con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Se precisa algo más.» Y, en su opinión, «ese 'algo más' según se sigue de la lectura de lo relatado no se da en el presente caso, pues de lo actuado hasta la fecha en la presente causa no aparece vinculación alguna con lo denunciado».

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Mariano Alonso

«La denuncia anónima tiene plena validez para iniciar una investigación, siempre 'que las informaciones vienen avaladas por datos corroboradores, o ellas mismas son las que funcionan como elemento confirmador de otros, sin necesidad de desvelar la identidad del informador'», recuerda el magistrado citando la jurisprudencia del Supremo.

Añade que «tales informaciones deben sustentarse en algún dato, hecho o circunstancia de conocimiento que sirva para delimitar una conducta típica y su atribución a la persona querellada» y como ya dijo la Sala Segunda del alto tribunal, «la acción popular, concluye la Sala Segunda «no puede degradar el relevante papel que está llamada a desempeñar en el proceso penal limitándose a convertir noticias en causas criminales».

El Partido Popular acudió a los tribunales tras la publicación de la información en el medio digital The Objective de una entrevista a un individuo que bajo anonimato, decía ser empresario y próximo al comisionista del caso Koldo, el también investigado en una trama de fraude con hidrocarburos Víctor de Aldama.

Sostenía que había llevado dos bolsas a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz con 90.000 euros en efectivo en total y lo vinculaba a esa trama que investiga el juez Pedraz sobre ese fraude millonario con fuel, la misma por la que Aldama y su socio en ese negocio, Claudio Rivas, están en prisión provisional.

La querella se dirigía también contra ambos, así como contra el ex asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, pues además de la supuesta delación de ese empresario, la UCO de la Guardia Civil ha plasmado en un informe que Aldama maniobró a través de él para que su socio consiguiese reuniones en los ministerios de Industria y de Transición Energética en las que solicitar una licencia de operador de hidrocarburos.

El magistrado, sin embargo, subraya que «incluso aparecen contradicciones de los denunciantes anónimos», cosa de la que advertía el informe de Anticorrupción. Se refiere a que la maniobra que figura en ese informe de la UCO lo era para conseguir una reunión en el Ministerio de Industria a través de su entonces jefe de Gabinete, cuando las licencias de operador dependen de la cartera de Transición Ecológica. Fue ahí, de acuerdo a los whatsapps intervenidos a Aldama, donde se produjo ese encuentro en 2021, cuando finalmente se rechazó su pretensión. No conseguirían esa licencia hasta 2022.

«Procede, con ello, inadmitir la querella, mas obviamente sin perjuicio de que si en el transcurso de la instrucción se siguiera otra cosa se actuaría en consecuencia», concluye el instructor.

Admite, no obstante, la personación del PP, que podrá ejercer la acusación también en la causa sobre hidrocarburos, como ya hace en el Juzgado Central número 2, donde se instruye el caso Koldo. Entran con las mismas condiciones Manos Limpias, HazteOir y Vox.

En paralelo, el juez ha dictado un auto que mantiene a Aldama en prisión provisional porque considera que sus argumentos para recurrir no desvirtúan las razones de fondo que le llevaron a la cárcel: que «existen motivos bastantes para creer responsable al investigado del delito» y la medida es oportuna para evitar que obstruya la acción de la justicia.

«Queda aún por analizar lo hallado en los registros», recuerda Pedraz, para incidir en que «una parte importante de lo defraudado (73.902.852,60 euros) podría haber sido transferido a cuentas en el extranjero y se hace preciso proceder a su localización y bloqueo, así como la determinación de las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas, medidas que se verían frustradas o, al menos, dificultadas si el investigado se encontrara en libertad».

Descarta asimismo que se rebasaran con él los plazos legales de detención, pues esta «fue policial» y Aldama acabó a disposición judicial «en el plazo legal».