Griñán deberá ingresar en prisión tras confirmar el Supremo las condenas de los ERE
El Alto Tribunal ratifica las penas de 16 de los 19 de condenados y mantiene la inhabilitación de Chaves por prevaricación
Dos de los cinco magistrados han anunciado un voto particular
Editorial ABC: No hay corruptos honrados
Ni ponerse colorados, por Julián Quirós
El Tribunal Supremo ha confirmado este martes las condenas de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso ERE, el procedimiento por el que la Administración andaluza repartió al menos 680 millones de euros entre los años 2000 y 2009 para el pago de prejubilaciones a empresas en crisis a través del llamado «fondo de reptiles». Para Griñán, la confirmación de los seis años de cárcel por prevaricación y malversación que le impuso la Audiencia de Sevilla implica directamente su ingreso en prisión. Su defensa ya ha anunciado que pedirá el indulto.
El tribunal andaluz condenó a 19 de los 21 ex altos cargos que se habían sentado en el banquillo de los acusados en el que ha sido hasta ahora el mayor caso de corrupción que ha habido en España en términos cuantitativos. Todos ellos fueron condenados por prevaricación (inhabilitación) y en algunos casos, diez en concreto, también por malversación, lo que supone cárcel.
Según informan fuentes jurídicas, la Sala confirma en términos generales todas las condenas, salvo tres casos en los que ha admitido íntegramente los recursos de casación. Se trata de los ex secretarios generales técnicos de Empleo Javier Aguayo, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina, condenados por prevaricación y ahora absueltos.
Además, los magistrados han estimado parcialmente el recurso del ex director general de Trabajo Juan Márquez Contreras, a quien rebajan la condena por prevaricación y malversación a tres años y siete de inhabilitación por la atenuante muy cualificada de reparación del daño causado.
La exministra de Zapatero
Entre las 16 condenas que se confirman están, entre otras, los nueve años de inhabilitación del expresidente Chaves y las de los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, ministra de Fomento durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. También la condena a siete años de prisión del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, cuyo caso ya llegó a pasar por el Supremo en 2015 por su condición de aforado nacional (diputado en el Congreso) y quien dijo que se enteró de este fraude "por la prensa".
La ratificación de la sentencia de los ERE, cuyo texto definitivo es probable que no se conozca hasta septiembre, no ha sido unánime, pues dos de los cinco magistrados que componen el tribunal, en concreto Ana Ferrer y Susana Polo, han anunciado un voto particular. Ambas son partidarias de que se estuvieran estimado parcialmente los recursos interpuestos por otros cinco condenados, entre ellos el propio Griñán, y que hubieran sido absueltos del delito continuado de malversación de caudales públicos.
Fuentes jurídicas señalaron que los magistrados de la Sala Segunda dan por buenos los pronunciamientos de la Audiencia de Sevilla que, en el caso de Griñán concluyó que «tuvo conocimiento de las deficiencias» detectadas en los informes de control financiero permanente de las empresas públicas que la Intervención de la Junta elevaba a su consejería y censuró su pasividad. «El encausado era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó (…) asumiendo la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31.L [el conocido como fondo de reptiles] fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados», señaló.
«Cada uno puso una pieza»
En la vista de casación ante el Supremo, el pasado 4 de mayo, la defensa de Griñán se esforzó en desmontar el delito de malversación que es el que podía llevar a su cliente a prisión. «No puede malversar quien en ningún caso puede decidir sobre el destino de los fondos públicos», dijo, para añadir a continuación que la partida destinada a los ERE fraudulentos jamás «estuvo a cargo» de su cliente, exconsejero de Economía y Hacienda del sistema de los ERE ilegales.
Sin embargo, la Fiscalía calificó de «excusas» las «versiones exculpatorias» expuestas por los máximos responsables de los gobiernos socialistas en Andalucía. «Ni uno de los 270 expedientes [de ayudas] cumplieron ni un solo de los requisitos para la concesión de las subvenciones (...) No existían procedimientos ni existían expedientes», afirmó el fiscal Fernando Prieto ante el tribunal que debe decidir sobre los recursos. A su juicio, tal y como concluyeron los peritos de la Intervención del Estado, se hizo un uso inadecuado del sistema de presupuestación de las transferencias de financiación para pagar ayudas, lo que impedía, a su juicio, fiscalizar el destino del dinero público.
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En su informe elevado a la Sala, el Ministerio Público consideró que los acusados que formaron parte de los Consejos de Gobierno «conocieron, propiciaron y ejecutaron la salida de fondos públicos». Los principales gestores autonómicos, señala, «posibilitaron un sistema, o actuaron en el mismo, que eludía por completo cualquier control en la concesión de las subvenciones». El otro fiscal del caso, Rafael Escobar, llegó a comparar el modus operandi de los acusados con una fábrica de montaje: «cada uno puso una pieza», de forma que todos «posibilitaron y permitieron que año a año se siguiera reproduciendo el mecanismo descrito».
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