Griñán y Chaves se escudan ante el Supremo en su ignorancia total sobre los ERE

La Audiencia Provincial de Sevilla dedicó 1.821 páginas en su resolución a justificar que ambos expresidentes y 17 ex altos cargos más de sus gobiernos en Andalucía fueron «plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad» del procedimiento a través del cual se repartieron casi 680 millones de euros entre 2000 y 2009 entre empresas y trabajadores afectados por procesos de reestructuración.

Ellos lo niegan y argumentan que desconocían por completo las interioridades de la gestión del citado sistema. Durante las siete horas que emplearon los abogados de los acusados para resumir sus recursos, a razón de 15 o 20 minutos por cada uno, se escucharon negativas reiteradas dirigidas a sembrar la duda sobre la sentencia que puede llevar a prisión a Griñán y a otras nueve personas condenadas, además de por prevaricación, por malversación.

La mayoría negó un «pacto criminal» de la cúpula de la Junta o que supieran que aprobaran algo ilegal. Las irregularidades que hubo –como los intrusos incluidos en ERE donde no había trabajado– se las endosaron a un fallecido, el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, cuya responsabilidad penal se extingue con su muerte. El abogado Alfonso Martínez del Hoyo utilizó este recurso para exculpar a su cliente, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández. La sentencia le achacó «posibles irregularidades» y «supuestos excesos» no cometidos por éste, «sino por el director de Trabajo». Del Hoyo sostuvo que el ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez –absuelto por el tribunal–, podía «haber parado el sistema» y no lo hizo.

El exinterventor sirvió también de pantalla de protección al letrado de Griñán para negar su responsabilidad. El expresidente se enfrenta a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación porque como consejero de Hacienda (2004-2009), según la sentencia, fue destinatario de los informes de la Intervención General cuestionando el procedimiento de ayudas, pero no hizo nada para evitar las irregularidades.

Su abogado, José María Calero , aseguró que «no hubo pasividad» por su parte ni miró para otro lado. A su juicio, el interventor de la Junta «no hizo advertencia» alguna ni emitió un informe de actuación que hubiera paralizado el pago de las ayudas que concedía el director de Trabajo a través de una agencia autonómica externa, IFA/IDEA, lo que evitaba el control sobre el destino final del dinero. «¿Cómo puede ser que actúe bien quien no activa las alertas y quepa reproche penal a quien sólo puede actuar si recibe las alertas?», se preguntó. Calero insistió también en que el sistema fue creado antes de que Griñán aterrizara en la Junta y que no hay prueba de «una sola irregularidad» en su actuación.

La defensa de Chaves fue eminentemente técnica. Su abogado se esforzó en desmontar el delito de prevaricación por el que puede ser inhabilitado nueve años. Así, rechazó que las decisiones que se tomaron en el Consejo de Gobierno con Chaves como presidente puedan considerarse administrativas, sino actos de gobierno, no subsumibles por tanto, en el delito de prevaricación. En caso de que el tribunal no comparta esta interpretación, Pablo Jiménez de Parga pidió a la Sala que no considere que las decisiones que de allí salieron fueran arbitrarias. En su recurso, alegó que el hecho de que se reuniera con trabajadores beneficiados luego con ayudas no significa que «conociera, o incluso tuviera que conocer, los procedimientos concretos de concesión de esas ayudas».

Los ataques al tribunal de la Audiencia fueron una constante en los informes de las defensas. El abogado del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, condenado a siete años de prisión, definió la sentencia como una «colosal conjetura continuada». Trató de exculpar a su defendido asegurando que «de formación es maestro de escuela y mal pudo tener conciencia de estar actuando contra el Derecho». Tan lejos llevó su negativa Encarnación Molino, defensora del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, que rehusó que existiera el «procedimiento específico» por el que fueron condenados: «Es una invención. Se está mezclando actuaciones de carácter político y de carácter administrativo». El abogado de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo rechazó que se imputara un delito de malversación «en abstracto, prescindiendo de cuál fue el dinero malversado».

Ya en la la sesión de la tarde, la defensa del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricar, aseguró que su cliente nunca tuvo competencias sobre la elaboración de presupuestos ni sobre el pago de ayudas. Como presidente de la comisión de viceconsejeros, Zarrías se limitaba, dijo, a comprobar si la documentación que tenía que estudiar el Consejo de Gobierno «estaba en orden» y que las modificaciones presupuestarias contaban con informes favorables. «Es inasumible que el Poder Ejecutivo (la Junta) se confabulara durante diez años para engañar al Parlamento», rebatió el defensor de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez. La sesión se reanudará hoy con los informes de Fiscalía y la acusación popular, que ejerce el PP.