La defensa de Zaplana se aferra a la teoría del «montaje» y acusa a la UCO de actuar como en el franquismo

Como indicó en sus conclusiones definitivas durante la sesión anterior, el fiscal pide para el antiguo dirigente del PP 17 años de cárcel -dos menos de los solicitados inicialmente- y una multa de 40 millones de euros por los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad en documento mercantil.

Lo sitúa en el centro de una trama que amaño los concursos públicos de las ITV (1997) y los parques eólicos (2003) de la Comunidad Valenciana, derivó las mordidas millonarias obtenidas a sociedades extranjeras gestionadas por testaferros y las retornó a España a través de mercantiles y operaciones inmobiliarias. Por contra, el jefe del Ejecutivo valenciano entre 1995 y 2002 ha defendido siempre su inocencia y se ha erigido como un mero intermediario en los negocios de su círculo íntimo.

Tras levantar el Ministerio Público los cargos hacia tres acusados, cuatro de los doce procesados actualmente -los arrepentidos- probablemente eludirán la prisión al enfrentarse a penas menores a dos años por cada delito que se les imputa, pero tendrán que hacer frente a multas que suman casi once millones de euros.

El letrado de Eduardo Zaplana ha criticado «la falta de transparencia» y la «clandestinidad» con la que Anticorrupción «ha llevado» esas conformidades. «Debería habernos citado a todos», ha señalado, aludiendo a los protocolos e instrucciones de la Fiscalía General del Estado. «Todo el mundo tiene derecho a conformarse o a recibir una propuesta del fiscal, incluso el señor Zaplana», ha indicado. «Ha habido una igualdad de trato sospechosa», ha aseverado, al tiempo que ha argumentado que «parece que querían buscar unas declaraciones que incriminaran a Zaplana porque las pruebas que tenían eran absolutamente insuficientes».

Según Campos, los confesores -su amigo íntimo Joaquín Barceló; su jefe de gabinete en Presidencia de la Generalitat, Juan Francisco García; y los empresarios Vicente y José Cotino, sobrinos del político fallecido Juan Cotino- se han negado a contestar a las preguntas del resto de defensas, «eludiendo la contradicción», y han realizado «declaraciones que tampoco son coherentes entre sí» y «no son creíbles». Una idea que han rechazado los letrados de Barceló y García en su turno de palabra. «Mi cliente se equivocó y lo honorable es admitirlo», ha comentado este último.

«No creemos que una instrucción en la que ha existido una sentencia -del Constitucional- declarando una lesión de derechos fundamentales deba ser ejemplo de nada», ha sostenido el abogado de Zaplana. A su juicio, los agentes de la Guardia Civil «han hecho lo que han querido y como han querido» para fabricar «una verdad artificial» e ir apuntalándola durante una investigación, llevada a cabo «sin límites», que se inició en noviembre de 2015, aunque las detenciones no se produjeron hasta mayo de 2018.

De hecho, ha criticado que entonces «no había nada» para que su representado ingresara en prisión provisional. Con esta medida, «no se protegía el riesgo de fuga o la destrucción de pruebas, sino que se estaba esperando a ver si -los arrestados- se rendían y decían dónde estaba el dinero». «Cuando iba a verle a la cárcel de Picassent, me decía: "Esto me lo han montado"», ha relatado.

Campos ha seguido así la teoría de la conspiración contra el expresidente autonómico que el excomisario José Manuel Villarejo expuso en su declaración como testigo, en la que señaló que Juan Cotino -exdirector general de la Policía- tenía orden del entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy de urdir un plan contra Zaplana porque temía por su liderazgo en el PP. «Yo he oído las grabaciones en las que Cotino, junto al jefe entonces de la UDEF y Villarejo estaban hablando de cómo montarle un cohecho a Zaplana», ha lamentado, sobre un asunto que se les negó la posibilidad de contrastar en instrucción.

Las pesquisas del caso Erial se iniciaron a raíz de la aparición de unos documentos durante un registro de la UCO al despacho del abogado del exgerente de Imelsa Marcos Benavent -autodenominado 'yonqui del dinero'-, en el marco del caso Taula. Cinco hojas que le había entregado un empresario sirio -representante de la comunidad islámica en Valencia- supuestamente tras encontrarlos en una vivienda alquilada en la ciudad que antaño había sido propiedad de Zaplana. En ellas se señalaba la manera de proceder en varios concursos públicos: las empresas que debían ser elegidas y el importe que tenían que abonar los cohechadores para ganar esas licitaciones.

Benavent, que ha ido cambiando su estrategia judicial en los últimos años, apuntó que el ciudadano sirio era colaborador del CNI y que este organismo estaría detrás de la confección de estos documentos. La defensa del que fuera portavoz del Gobierno de José María Aznar considera que esos papeles -que aparecieron «milagrosamente»- no deberían haber sido intervenidos porque no tenían relación con Taula. «No hay pruebas -el análisis de ADN resultó negativo- de que el señor Zaplana haya tenido contacto con esos papeles, ha agregado.

«La versión oficial es la que es claramente falsa». «Es imposible materialmente que esos papeles fueran dejados en ese domicilio en diciembre de 2006 -cuando el exministro vendió la casa a un notario- como muy tarde», ha afirmado, pues incluyen datos registrales de una sociedad que no se pudieron incorporar hasta 2008 y llevan una fecha de impresión de 2009.

En su extenso informe, de más de tres horas, en el que ha pedido una condena absolutoria, el abogado Daniel Campos ha reiterado que «no hay ni una sola prueba» de que el dinero bajo lupa -se movieron millones de euros- fuera de su cliente: «Es todo una invención». Los 6,7 millones entregados a la Justicia española por el fiduciario confeso Fernando Belhot, ha aseverado, eran del propio abogado uruguayo, que pactó con la Fiscalía «a la desesperada» -pasó de investigado a testigo- porque los tribunales de distintos países iban detrás de él.

De acuerdo con su exposición, no existió ninguna intervención de Eduardo Zaplana en los concursos de la Generalitat Valenciana presuntamente amañados, que se llevaron a cabo con «criterios técnicos más o menos mejorables». Además, ha recordado que el exjefe de gabinete de Presidencia Juan Francisco García explicó en el juicio que el ofrecimiento de las comisiones por parte de los Cotino -tras obtener la empresa familiar varias adjudicaciones- se produjo con posterioridad a este procedimiento.

Del mismo modo, ha rechazado las explicaciones de los peritos de la Agencia Valenciana Antifraude -que ratificaron el amaño y el daño a las arcas públicas- porque la imparcialidad de la entidad pública es «cuestionable» al estar dirigida por «una persona -Joan Llinares- cuya animadversión contra Zaplana era más que evidente». Por otra parte, la defensa tampoco entiende por qué se acusa al exministro -el escrito de acusación no lo aclara, según el letrado- de falsedad en documento mercantil. No pueden defenderse, ha indicado, si no se les explica qué papel es el falso.