El Parlament tumba la limitación del alquiler por temporada que aprobó el Govern de Aragonès
El PSC se abstiene en una medida complementaria a la limitación de los pisos turísticos y los alquileres y permite que Junts, Vox, CS y PP sumen mayoría frente a ERC, la CUP y los comunes
El alquiler de temporada se desata en el primer año de ley de Vivienda y el tradicional cae un 15%
La Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña ha tumbado este jueves el decreto-ley aprobado por el Govern de Pere Aragonès a finales de abril para limitar los alquileres de temporada. Los votos de ERC, la CUP y los comunes no han sido suficientes para aprobar una norma que el ejecutivo no había consensuado ni con el PSC ni con Junts y que pretendía que fuera complementaria a la limitación de los alquileres turísticos, cuyas nuevas licencias, prácticamente, han quedado en suspenso en toda Cataluña, así como a los alquileres habituales.
Junts, Vox, CS y PP, en la sesión de la Diputación Permanente celebrada hoy, han votado en contra de una medida que pretendía afectar a los alquileres que van entre los 31 días y los 11 meses, conteniendo sus precios, es decir, limitándolos, salvo los que tuvieran finalidades de ocio, vacaciones o recreativas. Sin embargo, el voto decisivo ha sido el del PSC, que hoy se ha abstenido y, por lo tanto, ha impedido la convalidación del decreto-ley dejándolo sin efecto.
Los límites al alquiler permiten subir el precio al 15% de pisos
En Barcelona, que será el primer gran mercado intervenido, ocurrirá en el 13% de los casos
Tras limitar el mercado de los alquileres, y el de los pisos turísticos, poco antes de las elecciones del pasado 12 de mayo, el Govern catalán consideró que muchos de los contratos de alquiler (sin aportar datos concretos) podrían migrar al modelo de alquiler temporal, lo que podría producir un «agujero» o «fraude de ley». Para evitar esta consideración, aprobó un decreto-ley regulando, es decir, limitando las condiciones, de los alquileres temporales.
Esta medida afectaría, principalmente, a los pisos o viviendas «para fines profesionales, laborales, de estudios, de atención o asistencia médica o de otras análogas», limitando por lo tanto sus precios sometiéndolos «al régimen de contención de rentas y demás normativa sobre la renta (incluida la prohibición de repercutir al inquilino los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato)». La norma también pretendía regular el alquiler de habitaciones.
La limitación de alquileres en Cataluña se aplica desde marzo en 140 municipios con una oferta insuficiente de vivienda asequible y que cumplen los requisitos que marca la ley para implementar las medidas de contención de las rentas previstas en la Ley nacional por el derecho a la vivienda. En estos 140 municipios viven 6,2 millones de personas, un 80,6% del total de la población de Cataluña, aunque la intención del Govern es ampliar esta cobertura a 271 pueblos y ciudades, con una cobertura del 90%.
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