Baleares readmite a los celadores que Armengol expulsó por no tener el título catalán
La consejera de Salud popular confirma que los trabajadores entrarán de nuevo en la bolsa definitiva de admitidos después de que la Justicia les diese la razón
La Justicia da la razón a los celadores expulsados por Armengol sin título de catalán
El Govern balear readmitirá a los celadores que el Ejecutivo de Francina Armengol expulsó de las bolsas de trabajo de los hospitales públicos por no tener el título de catalán. De esta manera, el Servicio de Salud del archipiélago (IB Salut) cumplirá con la sentencia de un juzgado de Palma, que hace unos días dictaminó en primera estancia que esta decisión fue disconforme a derecho.
La consejera de Salud, Manuela García, ha asegurado que los servicios jurídicos del IB Salut ya están estudiando la sentencia y ha adelantado que los celadores serán readmitidos. En una respuesta parlamentaria a la diputada de Vox María José Verdú, García ha subrayado que el Ejecutivo de Marga Prohens restablecerá los derechos de estos trabajadores y ha criticado al gobierno de Armengol por «anteponer sus intereses ideando un decreto para saltarse su propia normativa».
La consejera ha recordado que estos profesionales se regían por un decreto que les requería un A2 que años después cambió a B1 cuando ya estaban apuntados en la bolsa única. Tal y como informó ABC, cuando estos profesionales fueron a actualizar sus méritos, se encontraron con que los requisitos de catalán que les pedían habían cambiado y miles de ellos se quedaron fuera de la bolsa. Por ello, impusieron una demanda colectiva a través del despacho Florit Abogados, que consiguió que la Justicia les diese la razón.
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Así, la sentencia fechada el 2 de septiembre de este año, considera que el Ejecutivo formado por el PSOE de Armengol, los nacionalistas de Més y Podemos, atentó contra los derechos adquiridos de estos trabajadores al cambiar los requisitos a posteriori. El tribunal asegura que no se pueden imponer requisitos nuevos a aspirantes que ya habían acreditado todo lo que se les pedía en la primera convocatoria.
Por ello, la Sala anuló la resolución de expulsión dictada por el IB Salut, en ese momento dirigido por los socialistas, y reconoció el derecho de los trabajadores a ser incluidos en la bolsa definitiva de admitidos. Aunque cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), todo hace indicar después de la respuesta de la consejera que el nuevo Ejecutivo balear acatará la sentencia. Cabe recordar que Prohens ha suprimido el requisito lingüístico a los profesionales sanitarios como una de las medidas para ayudar a reducir las dificultades para cubrir vacantes.
Los celadores confiaban en que el nuevo Ejecutivo «haga justicia» con ellos y no recurra la sentencia, aunque coinciden en que la noticia llega tarde para muchos de ellos. «Muchos compañeros se fueron a la península por la imposición del catalán y otros llevan años sin trabajar», lamentan los damnificados por la política lingüística de Armengol.
Como avanzó ABC, el verano de 2021 Salud convocó un concurso de méritos para la confección de una bolsa de interinos para que «se pudieran inscribir nuevos aspirantes y para que los candidatos inscritos pudieran incluir nuevos méritos», indicaba la convocatoria a la que se presentaron unos 7.000 aspirantes. En el mes de noviembre se publicó la resolución en la que se rechazó a 2.500 trabajadores, pese a que muchos de ellos ya estaban dentro de la bolsa de 2018 trabajando como interinos.
Los demandantes fueron excluidos al considerarse que no acreditaban el nivel de capacitación lingüística necesaria (B1), un nivel superior al dispuesto en la Resolución que convocaba la bolsa (A2). «Nos ha pillado a todos por sorpresa. ¿Así nos pagan el esfuerzo de estos dos años de pandemia?», se lamentaba uno de los celadores más veteranos, que se quedó sin trabajo pese a llevar 17 años trabajando de celador.
La demanda, planteada por el despacho Florit Abogados, señalaba que el conocimiento del catalán «no puede ser causa de exclusión del procedimiento selectivo y menos aún en el caso del personal ya inscrito». «Genera inseguridad jurídica manifiesta a los afectados, en este caso excluidos de la lista única por la aplicación a posteriori y de manera rigorista de un requisito anteriormente no exigido o al menos suavizado en su aplicación o exigencia», argumentó el letrado Ernesto Florit, que no entraba a cuestionar la política lingüística sino que se centraba en que esta bolsa de trabajo se abrió para actualizar méritos y para nuevas incorporaciones; sin embargo, «lo que sucedió, es que se echó a gente, que era algo no previsto. Ahí está el núcleo de la demanda».
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