Sánchez y tres ministros quedan señalados por el informe del Consejo de Europa

A cada uno de ellos correspondía una de las tres recomendaciones que España sigue sin introducir en ningún grado seis años después de que el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) se las notificara por primera vez. En el caso de Óscar López, el control de los asesores de los miembros del Gobierno; en el de Bolaños, la revisión de los aforamientos; y en el de Grande-Marlaska, la revisión de los códigos disciplinarios de Policía Nacional y Guardia Civil para hacerlos más objetivos, transparentes y proporcionales.

Noticia Relacionada

Un grupo de al menos siete asesores controlará desde Moncloa «la desinformación»

Joan Guirado

Los policías e informáticos dependerán del Departamento de Seguridad Nacional y del Gabinete de la Presidencia del Gobierno

Es la inacción de este último la que el Greco afea en mayor grado en su último informe. «Se recuerda que esta recomendación no se implementó en el segundo informe de seguimiento», señala la institución sobre la evaluación anterior, referente al año 2023. «El Greco señaló la falta de cualquier avance en esta área y lamentó que las autoridades no lo reconocieran como un área problemática y una necesidad real de mejorar», continúa. Y respecto a los avances de cara al último informe, referente a 2024, la institución se queja de que «las autoridades de España se refieren una vez más a los sistemas disciplinarios para la Guardia Civil ya vigentes en el momento de la visita de evaluación de la Quinta Ronda» de manera que se ve en la necesidad de recordar a Interior que «esta recomendación tiene como objetivo asegurar la mayor objetividad y proporcionar garantías en la práctica», para que ningún superior pueda adoptar medidas disciplinarias en solitario.

A la vista de que Grande-Marlaska no había realizado ni pensaba realizar ningún avance en lo que corresponde a la Policía Nacional, el Greco denuncia que este Cuerpo «no proporcionó ninguna actualización» y «pide a las autoridades una vez más proceder con una revisión sustancial del régimen disciplinario para garantizar la equidad y la proporcionalidad de los procesos disciplinarios en ambas fuerzas». La conclusión fue tajante: «La recomendación XIX no se implementa».

Óscar López tampoco sale bien parado porque incumplió el compromiso adquirido con el Greco de aprobar un sistema de control de los asesores del Gobierno en los primeros meses de 2025 dentro del Consejo de Ministros. Pero al menos, demostró la voluntad de poner el sistema en marcha con un borrador que aún no se ha hecho público de lo que será la nueva ley de la Administración Abierta.

La recomendación de la institución era aplicar al cuerpo de los asesores -al que perteneció Koldo García cuando trabajaba para José Luis Ábalos en Transportes-, requisitos de transparencia e integridad equivalentes a los vigentes para los miembros del Ejecutivo. Y el Gobierno aseguró al Greco que el Plan de Acción para la Democracia aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de septiembre de 2024 era «una hoja de ruta para fortalecer los principales elementos del Estado de derecho, combatir los riesgos experimentados por las democracias, como la desinformación, y ofrecer a la sociedad española más herramientas para evaluar la acción de las autoridades públicas».

Uno de los tres ejes de ese plan sería esa nueva ley para la Administración Abierta con el que prometía «mejorar la calidad de la información del Gobierno», señalando ese plazo de los primeros meses de 2025 para su aprobación en Consejo de Ministros. Entre las medidas a incluir, las que afectarían al control de los asesores «estableciendo requisitos de integridad y transparencia equivalentes a los requeridos por la ley para personas con las principales funciones ejecutivas (miembros del Gobierno)». Además, esa nueva ley también incorporaría la regulación «del sistema para la prevención de conflictos de intereses aplicables al personal que lleva a cabo tareas de confianza y asesoramiento especial» para acercarlo al existente para los miembros del Ejecutivo.

Por último, el nuevo texto también incorporaría «los principios de buen gobierno y buena administración» aplicables a los miembros del Gobierno, empleados públicos y asesores atribuyendo a éstos últimos varias obligaciones. Entre ellas, someterse a los estándares de idoneidad, que requieren buena reputación y capacitación adecuada para el puesto que van a ocupar, un régimen de dedicación exclusiva al cargo público y muy restrictivo en cuanto a incompatibilidades, presentación de declaraciones de actividades y patrimonio, evaluación y control de sus resultados de gestión, y publicación de su información salarial o agendas oficiales.

Pero estas promesas no se han cumplido a día de hoy y esa ley continúa como borrador de anteproyecto, lo que impide que pueda ser remitida al Congreso de los Diputados. Por ello, el Greco consideró positivo el planteamiento pero concluyó que «sin embargo, el proyecto de ley aún no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y Greco no ha tenido la oportunidad de evaluar su contenido. Por lo tanto, la evaluación de la recomendación no se puede actualizar». En la evaluación anterior, la valoración había sido más negativa, y denotó que el Gobierno no se había preocupado de aumentar el control sobre sus asesores a pesar de las peticiones que venía recibiendo por parte del Greco desde 2019. «Se recuerda que esta recomendación no se implementó en el segundo informe de cumplimiento. Se había realizado algún trabajo preparatorio, sin embargo las propuestas legislativas estaban en las etapas iniciales. El Greco señaló que no había evidencia de que se hubiera prestado especial atención a los asesores, la naturaleza política de su nombramiento y sus funciones», recoge el informe actual respecto a la evaluación anterior.

En cuanto a Bolaños, de su Ministerio debía haber salido la reforma de los aforamientos pero solo salieron excusas para justificar no implementarla. La petición del Greco para nuestro país es que se lleve a cabo una regulación que no obstaculice el proceso de justicia penal con respecto a los miembros del Gobierno sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la corrupción.

Pero la institución se encontró con que «las autoridades de España enfatizan nuevamente que no exime de responsabilidad a las personas amparadas» por esa figura. Justicia también aludió a que en 2019 el Congreso había iniciado la tramitación de una reforma para limitar los aforamientos «en relación con el desempeño de los deberes oficiales» pero que la disolución anticipada de las Cortes por el adelanto electoral de 2023 hizo decaer la iniciativa.

Estos argumentos no sirvieron. «Se recuerda que esta recomendación no se implementó en el segundo informe de seguimiento. Las autoridades españolas se habían referido a varias reformas en diferentes parlamentos regionales para enmendar el procedimiento de aforamiento, pero no hubo ningún cambio en el Parlamento nacional, que es el objeto de la Quinta Ronda», critica el informe. «El Greco observa que no se han logrado resultados tangibles en el cumplimiento de esta recomendación. Por lo tanto, concluye que la recomendación X sigue sin implementarse», cierra el apartado.

Bolaños, Grande-Marlaska y López tienen ahora un año de plazo, hasta el 30 de junio de 2026, para implementar estas tres recomendaciones si no quieren volver a salir retratados en la próxima evaluación que el Greco llevará a cabo al año que viene. Dado que España se encuentra en proceso de incumplimiento en esta materia desde el año 2023, las evaluaciones se seguirán sucediendo año tras año hasta que la mayoría de las medidas se encuentren íntegramente implementadas. De las 19, España solo cumple 16 de forma parcial.