El PP y el PSOE, abocados a pactar para elegir al nuevo Defensor del Pueblo en Andalucía

Pese a la mayoría absoluta del PP, el acuerdo sobre la Oficina del Defensor del Pueblo -al igual que ocurre con otros órganos de adscripción a la Cámara autonómica- debe ser refrendado por tres quintas partes de los diputados, lo que obliga a los populares a negociar con la oposición.

La barrera de los tres quintos del Parlamento andaluz está fijada en 66 escaños, y el PP tiene 58. En teoría podría alcanzar un pacto con Vox, que tiene 14 escaños, para renovar a la Oficina del Defensor, aunque según fuentes próximas al Gobierno en principio la voluntad es alcanzar un acuerdo que incluya al PSOE, el principal partido de la oposición con 30 diputados.

El actual Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, fue designado para su primer mandato como Defensor en 2013 por lo que ahora concluye su segundo mandato. Ya había desempeñado el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz, en funciones, entre 1995 y 1996, en sustitución de su entonces titular, Manuel Conde-Pumpido Ferreiro. El pasado diciembre, Jesús Maeztu ya anunció que no continuará un tercer mandato, por motivos de edad y al considerar concluido su ciclo.

La negociación para la renovación de este organismo no han sido tradicionalmente fáciles. En 2018, Maeztu tuvo que estar varios meses en el cargo de forma interina hasta que en 2019 fue reelegido en un Parlamento andaluz más atomizado y con el PP y Ciudadanos gobernando en minoría. La falta de acuerdo hizo que Maeztu estuviese dos años trabajando exclusivamente con su equipo técnico, sin los adjuntos a propuesta de los diferentes partidos que prevé la ley. Según el artículo 8 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, el Defensor del Pueblo Andaluz estará auxiliado por tres Adjuntías en las que podrá delegar sus funciones y entre las que designará a quien le auxilie en el ejercicio de las funciones que le corresponden como Defensor del Menor de Andalucía.

En enero de 2021 tomaron posesión los actuales adjuntos al Defensor del Pueblo andaluz, que son Jaime Raynaud Soto por el PP, Juana Pérez Oller por el PSOE y Virginia Salmerón Millán por Ciudadanos. Todos ellos cumplen mandato también en septiembre. Las negociaciones entre los partidos afectarán por consiguiente tanto a la figura del Defensor como a sus tres adjuntos, que en principio deberían repartirse el PP, el PSOE y Vox, las fuerzas mayor representación en la Cámara andaluza.

Tanto el PP como el PSOE tendrán que decidir si renuevan a sus actuales adjuntos o apuestan por otro perfiles. Jaime Raynaud es un político de amplia experiencia, ya que fue candidato a la alcaldía de Sevilla en 2003 y antes de llegar a la Oficina del Defensor era viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Juana Pérez Oller, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, fue alcaldesa del municipio de Peal del Becerro.

Distinto es el caso de Virginia Salmerón, ya que la formación que la propuso como adjunta al Defensor ya no tiene representación parlamentaria. Esta exdiputada nacional de la formación naranja, pareja del que fuera secretario de Organización del partido con Albert Rivera y senador Fran Hervías, llegó al cargo tras un pacto entre Inés Arrimadas y Juan Marín. El resultado de las elecciones autonómicas de 2022 le deja sin opciones a seguir en el cargo.

Tanto en el PP como en el PSOE reconocen que todavía no se han iniciado los contactos para esta cuestión y que no se abordarán hasta que haya pasado el impacto de las elecciones europeas. Corresponderá al PP, que gobierna con mayoría absoluta, proponer la figura del Defensor, aunque deberá contar con el apoyo de al menos uno de los otros dos partidos. Los populares tienen voluntad de consenso, aunque consideran que será complejo poner de acuerdo a los socialistas con Vox. La formación de Santiago Abascal defendió en su momento la desaparición de esta institución de extracción parlamentaria.

A pesar de que no se ha mantenido aún ninguna reunión al respecto, en medios políticos gana fuerza la idea de que en el próximo mandato la Oficina del Defensor del Pueblo esté dirigida por una mujer, que sería la primera en un cargo que han ocupado sucesivamente Manuel Conde-Pumpido, José Chamizo y Jesús Maeztu. También han circulado nombres como el Juan Marín, es vicepresidente del Gobierno andaluz y actualmente presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía.

Fuentes próximas al Gobierno señalan que el Ejecutivo no tiene prisa por acometer esta negociación y que se confía en que no se produzca el bloqueo de 2018 ya que, a diferencia de entonces, el PP tiene una sólida mayoría absoluta y por lo tanto, aunque necesita apoyos en la Cámara para aprobar la configuración definitiva de la nueva Oficina del Defensor, no sería lógico que se cuestione la propuesta que se eleve desde San Telmo.

«Otra cosa es que no se pueda escuchar a la oposición y tener en cuenta sus opiniones sobre el perfil que debe ocupar este cargo», señalan. El PP afrontará estos contactos con una actitud «receptiva» y la voluntad de alcanzar el mayor consenso posible, según destcaron las fuentes consultadas. No obstante, los resutados electorales de 2022 dejaron muy definido el escenario para el reparto de cargos, de forma que al PP le corresponderá proponer al Defensor y al primer adjunto, al PSOE el segundo y a Vox el tecero.

La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz es la institución autonómica de este ambito más antigua de España, ya que la Ley 9/1983 que regula su creación se aprobó en el pleno del Parlamento de Andalucía en su sesión del 1 de Diciembre de 1983.