El «viaje» hasta la urna del voto de más de dos millones de españoles que viven en el extranjero

2008 fue el último año en el que se registraron cifras de voto exterior altas. Una participación que tradicionalmente estaba entre el 20 y el 35 %. En aquella ocasión, votaron 384.154 de los españoles que residían fuera, un 32 % de los que tenían derecho a hacerlo. Para las siguientes elecciones, en 2011 , la entrada en vigor del voto rogado, promovido por el PP, el PSOE y los nacionalistas de CiU y PNV para acabar con el fraude en el voto emigrante, hizo que las cifras cayeran drásticamente y la participación de los españoles en el extranjero no llegó al 5 % . En los comicios de 2015 , los nuevos partidos dirigieron parte de su campaña a estos españoles que, en la mayoría de ocasiones, tuvieron que irse fuera del país para encontrar un futuro mejor. El resultado no mejoró las cifras de años anteriores y el 20D tan solo votó el 4,72 % del censo en el extranjero . O, lo que es lo mismo, apenas 88.879 personas de 1.880.064 censadas. La apelación al voto extranjero (o también denominado Voto CERA ) sí funcionó meses después y en los comicios de junio de 2016 la participación subió dos puntos. El 26-J votaron 121.277 españoles en el extranjero ( el 6,7 % ) de los 1.924.012 censados, una ligera subida que lejos estaba de las cifras de antaño.

En este contexto, en febrero de 2019 PSOE y Unidas Podemos presentaron una proposición de ley para suprimir el voto rogado . Una modificación que contaba con el respaldo mayoritario de la Cámara, con matices, pero que no salió adelante, aunque sí entró a trámite, debido al adelanto electoral y la disolución de las Cortes. Si ambos partidos abogaban por su desaparición (una cuestión que Pedro Sánchez ya incluyó en sus promesas de campaña en las anteriores elecciones generales), el PP defendía una reforma legislativa que mejorase los plazos y los trámites.

No es la primera vez que los partidos trabajan por mejorar unos procedimientos que creen injustos incluso aquellos que los propusieron. En abril de 2016 , días antes de que el Rey optase por no proponer ningún candidato a la presidencia del Gobierno tras las generales de 2015, el Congreso aprobó por unanimidad la creación de una Comisión de Investigación sobre el voto rogado . En aquella ocasión, la coyuntura política nacional impidió, como esta vez, que la propuesta tuviera recorrido. Al no haber investidura tras los comicios de diciembre de 2015, ni Gobierno, la reforma quedó sin efecto pero ya evidenció la diferencia entre los partidos. Ya antes, en 2014 , desde el grupo mixto del Congreso se había intentado impulsar una iniciativa no de ley que modificase los mecanismos del voto rogado.

El primer requisito que debe cumplir una persona migrada es estar inscrita en el consulado que le corresponsa en su lugar de residencia. Así, se solicita a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, que remite a la dirección del elector las papeletas y sobres de votación. Los sistemas postales de algunos países, además, hacen que el proceso se convierta en una verdadera odisea, retrasando las entregas y dejando fuera de plazo el voto . Una vez notificado y si desea votar en urna, debe ir a la oficina o sección consular en que está inscrita y votar. Otra opción es votar por correo.

Los españoles que residen fuera denuncian que esta fórmula , además de ser compleja , cuenta con unos tiempos tan cortos que muchas veces no pueden votar. Muchos de ellos, para el 26J tuvieron que recorrer cientos de kilómetros para llegar al consulado más cercano; otros se quejaron de que el día de la votación tuvieron que hacer colas de hasta cinco horas para depositar el voto dentro de la urna. Otro gran número manifiesta que la documentación les llega fuera de plazo por lo que resulta imposible emitir su voto. Y otros muchos optan, directamente, por no ejercer su derecho al voto.

Por este motivo, una de las reivindicaciones de los españoles ausentes es la de crear una circunscripción exterior que los represente. Por tamaño, equivaldría a la población con derecho a voto en Murcia y en Aragón . Si se suman los diputados que les corresponden a todas las circunscripciones de ambas comunidades equivalen a 23 asientos en el Congreso. Solo con estas cifras se puede comprender el vuelco que podrían dar a unas elecciones decisivas los votos de los residentes en el extranjero.

Para el 28 de abril, todos aquellos que hayan conseguido llegar al final de esta carrera de obstáculos podrán depositar el sobre con su voto, igual que a cientos o miles de kilómetros harán sus compatriotas. Los países con mayor número de emigrantes españoles con derecho a voto, según los datos del INE, son Argentina (420.039) y Francia (213.967). Por su parte, las comunidades con mayor número de residentes fuera con derecho a voto son Galicia (457.102) y Madrid (304.054).