«La justicia es un armatoste del siglo XIX al que se quiere poner un motor de última generación»

La imagen de politización de la justicia, la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial , medidas para la regeneración democrática o las reformas legales que la Administración de Justicia precisa presidieron un coloquio en el que si algo se puso de manifiesto fue la brecha entre los dos partidos clásicos y los dos emergentes en su visión (más pesimista en el caso de los segundos) sobre la situación de la Justicia. María Jesús Morro, diputada del PP; Juan Carlos Campo, portavoz de Justicia del PSOE; Juan Pedro Yllanes, exjuez y candidato de Podemos, y Patricia Reyes, secretaria tercera de la Mesa del Congreso y diputada de Ciudadanos, esbozaron sus propuestas para los próximos cuatro años. Coinciden en la necesidad de revisar los aforamientos y en conservar la figura de la acusación popular, aunque eso sí, regulándola mejor.

La reforma de la Administración de Justicia es algo que incumbe a los partidos, pero también a la sociedad civil, dice Juan Carlos Campo. Sería una pena no partir de la experiencia, del mayor proceso regenerador de la justicia, que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y al que no se dio continuidad, dijo, porque lo que se ha hecho en los siguientes años es jugar a la «superposición». A su juicio, las bases estaban puestas, como una inversión de 200 millones en nuevas tecnologías , pero «no se ha gestionado bien el cambio». Opina que es necesario emprender reformas como la superación del partido judicial, fomentar la justicia de proximidad, que la nueva oficina judicial sea una realidad. Sí es cierto que «se han hecho cosas», pero queda mucho camino por delante.

María Jesús Morro coincide en que efectivamente ha habido avances, pero hace hincapié en la necesidad de descargar los tribunales de todo aquello que no es función jurisdiccional. De ahí la importancia de la mediación o de la jurisdicción voluntaria para agilizar procesos. Pero si hay una reforma que no puede esperar más es la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Recientemente el Gobierno la ha modificado para, entre otras cuestiones, establecer plazos a la instrucción penal evitando así las investigaciones eternas. No es suficiente. «Cada vez es más necesario dejar de poner parches» y afrontar una reforma integral de una ley que ha quedado obsolota.

Para el exjuez Juan Pedro Yllanes , esa legislación caduca es el principal problema de la justicia en este momento, al que se suman las disfunciones que está creando el hecho de que unas comunidades autónomas tengan las competencias transferidas y otras dependan del Gobierno central. Está bien hablar del expediente digital y de la modernización de la justicia, dice, pero mientras no se solucionen problemas de base como los sistemas operativos antiguos y obsoletos en los juzgados y no se haga un diagnóstico correcto de la situación de la justicia no se podrá afrontar una verdadera reforma. «Tenemos un armatoste del siglo XIX al que queremos poner un motor de última generación», dice. Yllanes se muestra realista, y asegura que la reforma de la justicia es algo que no se puede resolver en una sola legislatura. En este sentido, sostiene que es necesario el acuerdo y consenso de los partidos para cambiar las cosas a medio plazo.

Para Patricia Reyes , la reforma de la justicia es una cuestión de voluntad política, y si no se ha abordado antes es porque no hay interés en que esta pata del Estado de Derecho funcione. A su juicio, hay que invertir en medios personales y materiales y sobre todo invertir en tecnología para acabar con la lentitud de la justicia. «No puede ser que se estén señalando juicios para 2020», señala. Y coincide con Morro en que hay que reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal, que es de 1882, y optar por un proceso penal ágil y moderno.

Los cuatro representantes políticos terminan reconociendo que antes de invertir «sin ton ni son» hay que detectar exactamente cuáles son las necesidades reales, «establecer una planificación y tiempos para cumplir objetivos».

En el transcuso del debate se pone sobre la mesa el papel de las acusaciones populares en el proceso penal. La investigación abierta al líder de Manos Limpias ha puesto de manifiesto que los fines que se persiguen son en ocasiones espurios. De forma unánime los cuatro candidatos se muestran contrarios a suprimir esta figura, aunque reconocen que hay que regularla mejor. La representante del PP apela a un debate sereno sobre esta cuestión y hace hincapie en que «si ha funcionado mal es porque alguien la ha malutilizado», no porque la figura en sí no sea útil. Sí conviene reflexionar, dice, sobre si cualquiera puede iniciar un procedimiento con fines espurios.

Reyes también cree necesaria una mejor regulación, pero en el marco de una reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que deje la instrucción de una vez en manos del fiscal. Yllanes, por su parte, reconoce que la acusación popular está dando lugar a abusos, y pone como ejemplo los cinco archivos de causas abiertas contra Podemos en el Tribunal Supremo por financión irregular. Sin embargo, y aunque apunta que «tal y como está funcionando no nos sirve», no es partidario de suprimirla, sino de regularla mejor. En este punto, el representante socialista recuerda que la ausencia de normativa ha provocado que esta regulación se haya tenido que hacer a golpe de jurisprudencia, por lo que sería deseable que el legislador tomara cartas en el asunto en el marco de esa reforma procesal penal que todos los partidos defienden.