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Quejas a precio de oro

Con la austeridad que viene en la próxima Legislatura, el Diputado del Común está bajo la lupa. Casi tres millones de presupuesto, siete oficinas insulares y una decena de asesores. Es el cuarto más caro de todo el país

EFE

JAVIER REYES

Nada volverá a ser como antes de la crisis. Hay que adelgazar la administración pública. Los ajustes han llegado para quedarse. Los discursos se repiten en los principales partidos políticos de las Islas, conscientes de que se ha acabado la edad de oro de la economía canaria y de que en la próxima Legislatura, la austeridad presidirá una nueva forma de gobernar. En este nuevo escenario de recortes que se avecinan en el sector público, ABC pone el foco en el Diputado del Común, uno de los órganos del Parlamento de Canarias que más controversia ha generado en los últimos años por las salidas de tono de su titular, Manuel Alcaide, y la falta de consenso político para efectuar su relevo.

Siguiendo el estilo del Defensor del Pueblo a nivel nacional, la figura canaria aparece por primera vez en 1985 desarrollando así un mandato del Estatuto de Autonomía de 1982. La ley definitiva se fijó en julio de 2001 donde se recoge, entre otras cosas, que su cargo será elegido por el Parlamento y con una duración de cinco años. Su misión principal es la defensa de los derechos de los ciudadanos en su relación con las administraciones públicas. No tiene poder para dictar sentencias, imponer sanciones o suspender las actuaciones administrativas, siendo su principal cometido la investigación de hechos y su posterior denuncia. Puede hacerlo a a iniciativa propia (de oficio) como a petición de cualquier persona física o jurídica, sin distinciones de condición. Su actuación es confidencial y gratuita, sin necesidad de que intervengan en el proceso abogados, procuradores o gestores. ¿Pero cuesta dinero? Sí, y mucho.

Aumento en crisis

Los fondos de la institución se cargan a la ficha financiera del Parlamento de Canarias, y para este ejercicio, el Diputado del Común dispone de una cantidad ligeramente inferior a los tres millones de euros, concretamente 2.967.044 euros. En 2010 era algo superior, de 3.038.466 euros, pero lo cierto es que en plena crisis, incluso, sus cuentas han sido expansivas ya que en 2008 y 2009 se manejó menos dinero, 2.796.175 euros y 2.867.858 euros respectivamente. Mover la maquinaria del Diputado del Común no es precisamente barata. Por razones históricas, su sede está en Santa Cruz de La Palma, dado que ahí se rastrean las primeras figuras que pueden considerarse antecedentes del cargo en defensa de los ciudadanos, Dionisio O'Daly Anselmo Pérez de Brito. Pero hay subsedes en cada una de las seis islas restantes, un lujo en plena era de las nuevas tecnologías donde las principales operaciones y transacciones se hacen ya a golpe de click. La institución cuenta con más de una veintena de trabajadores y Alcaide dispone de coche oficial y de más de una decena de asesores en diversas materias dada la diversidad de quejas que emiten los ciudadanos canarios.

Números grotescos

¿Está bien invertido el dinero? Basta con hacer un sencillo ejercicio que vincule las quejas ciudadanas a los recursos económicos del Diputado del Común. En 2009, último ejercicio recopilado por el equipo de Alcaide, el Diputado del Común recibió 1.609 quejas procedentes de todo el Archipiélago de las que se tramitaron 826 y se archivaron 783. Tomando como referencia el presupuesto de ese ejercicio que superó los 2,8 millones de euros, el coste de producción de cada queja alcanzaría los 1.782 euros. Si se desglosan las quejas por islas, algunas lecturas son aún más grotescas. Gran Canaria, la isla con más demandas (782), deja un coste de 3.667 euros, y Tenerife, que recibió 409, se queda en 7.011 euros.

En cuanto a su tipología, las quejas principales estuvieron relacionadas con Educación, concretamente el 18 por ciento, manifestando además una clara tendencia al alza dado que de 44 quejas en 2007 se pasó a 291 en 2009. Le siguieron las cuestiones relacionadas con Vivienda, Justicia y Función Pública, en tanto que los ayuntamientos fueron las instituciones que recibieron mayor número de quejas.

Con las islas periféricas el coste es aún más sonrojante. El caso más llamativo es el de La Gomera, que con solo 13 quejas en todo 2009, genera un coste por iniciativa de 220.640 euros. El Hierro, con 28 propuestas, se va hasta los 102.423 euros y Fuerteventura, con 92, llega a 31.772 euros. La Palma y Lanzarote, ambas con 118 quejas, costaría 24.303 euros cada una. Con todo, el Diputado del Común no es el más caro de España de entre los 13 representantes autonómicos ya que Baleares, Cantabria, Extremadura y Madrid no disponen de este cargo, entre otras cosas porque ya hay una Defensora del Pueblo a nivel nacional que cuesta 15 millones. Por encima de los poco más de tres millones de euros que costará este año la institución de Alcaide se sitúan el Sindic de Greuges Catalán (8,8 millones); su homólogo valenciano (3,4 millones; el Defensor del Pueblo Andaluz (5,1 millones) el Ararteko Vasco (4,7 millones). La más barata es la Defensora Riojana, que «solo» consume 662.000 euros.

Lo que no se entiende aún es por qué la institución maneja una estructura tan sobredimensionada cuando, por ejemplo, las quejas ciudadanas pueden presentarse a través del correo electrónico. Cualquier canario puede descargarse el formulario en www.diputadodelcomun.com, rellenarlo con tranquilidad en su domicilio, adjuntar todos los documentos complementarios, y remitirlo aprovechando la ventajas de la red. El trámite también se puede hacer por correo ordinario, fax y, evidentemente, en cada una las oficinas insulares. A través de esta web también se pueden plantear dudas, dejar opiniones o, incluso, concertar una entrevista personal con el propio Alcaide.

El coste de la institución no es el único de sus problemas. El manejo de sus fondos tampoco está claro, revela a este periódico el portavoz del Grupo Parlamentario de Socialista, Francisco Hernández Spínola, que cree necesario que se haga una auditoría general sobre su funcionamiento pero también, acerca de cuestiones económicas. «Ha habido denuncias que creemos hay que investigar», señala. Con todo, cabe preguntarse si el Diputado del Común es una institución próximas a las necesidades actuales de la sociedad o si se ha quedado obsoleta.

El día que se conmemoró su veinticinco aniversario, en mayo del año pasado, el presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, ya deslizaba que la institución «seguirá evolucionando al ritmo de las necesidades sociales». En su partido, Coalición Canaria, y a preguntas de este rotativo, sostienen que una posible reforma debe pasar por la reforma a su vez del Estatuto, que sigue aparcada, acerca del coste, indican que la distribución de su presupuesto es competencia de la Mesa del Parlamento.

«Profunda renovación»

Los socialistas, por su parte, consideran que sigue siendo una institución «útil» pero que precisa de una «profunda renovación» porque está «sobredimensionada», más ahora con la crisis actual que padece el Archipiélago. Este periódico no pudo contactar con ningún representante del PP, pero lo cierto es que los populares son los que, con más ahínco, están defendiendo políticas austeras para la próxima Legislatura.

Manuel Alcaide es el cuarto Diputado del Común que ha tenido Canarias tras Luis Cobiella Cuevas (1986-1991), el socialista Arcadio Díaz Tejera (1991-96) y Fernando Giménez Navarro (1996-2001). Alcaide, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), entró en el cargo en 2002 y debía haber acabado su gestión en 2007 tras el último proceso electoral, pero los tres grupos políticos de la Cámara (PSC, CC y PP) no se han puesto de acuerdo en el relevo en lo que va de Legislatura lo que ha supuesto un fracaso histórico en el desarrollo de la vida de la Cámara. En un primer momento, el estilo agresivo que implantó López Aguilar en las Islas tras su arrolladora victoria electoral no ayudó, ya que CC y PP hicieron pinza y bloqueaban cualquier iniciativa socialista. De hecho, de esa época aún se arrastra el mismo problema de renovación del Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas y el Consejo de Administración de Radio Televisión Canaria (RTVC).

Por otro lado, tampoco hubo consenso a la hora de fijar un nombre. Sonaron las opciones de Juan Carlos Alemán (hoy en la Audiencia de Cuentas) o Dolores Pelayo, próximas al PSC, y también la de Eligio Hernández, ex Fiscal General del Estado pero, paradójicamente, bastante distanciado de los actuales dirigentes socialistas. Spínola asegura que para el PSC, la primera prioridad del próximo mandato será la renovación de los órganos parlamentarios y entiende que el perfil idóneo deber ser alguien «con prestigio, independiente y con una gran sensibilidad social». Dados los problemas que ha generado el relevo de Alcaide, en CC también son de la misma opinión, que el futuro Diputado del Común no tenga un marcado carácter político.

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