Nuevo registro policial en la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares
Los agentes buscaban más documentación sobre los amarres del puerto de Mahón
Un equipo de agentes del Grupo de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía registró ayer de nuevo la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares, ubicada en Palma de Mallorca, en el marco de la denominada «operación Mar Blau», en la que se investigan presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación a la empresa Trapsa Yates de la gestión de los amarres de varios puertos, entre ellos el de Mahón, en la isla de Menorca.
Entre los imputados en este caso se encuentran el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, así como el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Verger (PP), su sucesor al frente de este organismo público, Francesc Triay (PSOE), y el director en las dos últimas legislaturas, Ángel Matías. Todos ellos ya declararon ante la Policía hace dos semanas, Díaz Ferrán lo hizo en Madrid y los tres últimos en la capital balear. Años atrás, Díaz Ferrán fue accionista de Trapsa Yates, si bien en la actualidad ya no lo es.
En su declaración ante la Policía, dichos imputados negaron cualquier tipo de posible irregularidad en las concesiones de las que resultó beneficiaria la citada empresa.
El de ayer fue el segundo registro realizado en la Autoridad Portuaria en el marco de la «operación Mar Blau» y su objetivo era obtener más documentación de la conseguida al inicio de esta operación. El primer registro fue llevado a cabo el pasado 15 de diciembre por una comisión judicial. Esta actuación ha sido promovida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma de Mallorca y por la Fiscalía Anticorrupción. Los presuntos delitos que se están investigando son los de soborno, negociaciones prohibidas a funcionarios y estafa, entre otros.
El origen de las investigaciones ahora en curso se remonta a unos hechos supuestamente irregulares que habrían tenido lugar en la pasada legislatura autonómica, entre 2005 y 2007, en el desarrollo del concurso público convocado para la gestión de los amarres del Club Marítimo de Mahón, que ganó Trapsa Yates, si bien tuvo que esperar hasta el principio de la actual legislatura, en 2008, para que se confirmase que efectivamente había ganado dicho concurso.
Denuncia inicial
La Fiscalía inició sus actuaciones a raíz de una denuncia presentada por el Club Marítimo de Mahón. Al parecer, Verger se habría reunido en 2005 con representantes de la citada entidad para comunicarles que si querían mantener la gestión de las mencionadas instalaciones marítimas, tendrían que compensar de algún modo a Trapsa, que había sido, inicialmente, la ganadora del mencionado concurso público.
Supuestamente, Trapsa habría sido compensada, pero tras dos años de espera, el Club Marítimo de Mahón no obtuvo de Verger la adjudicación.
Junto con la denuncia, fueron entregadas en su momento las cintas con el contenido de las conversaciones mantenidas con Verger y Matías. En cualquier caso, el ahora ex presidente de la Autoridad Portuaria siempre ha negado de forma rotunda cualquier posible tipo de actuación irregular. En este sentido, Verger indica que se limitó a mediar entre el Club Marítimo y Trapsa para ver si era posible que pudieran llegar a un acuerdo en el marco de la más estricta legalidad.
Con el cambio de color político en Baleares en el verano de 2007, el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria pasó a ser el socialista Francesc Triay. A finales de 2008, dicho organismo confirmó la concesión de los amarres del puerto de Mahón a Trapsa Yates.
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