Tachan de «disparate» que el supuesto asesino de una mujer vea a su hija

En su resolución dictada este pasado mes de julio, el propio juez recuerda que en un auto previo, de junio de 2013, se suspendía el ejercicio de la patria potestad a Raúl Romero y se le otorgaba de modo temporal a los abuelos maternos, además de señalar que «se considera perjudicial para el futuro desarrollo de la menor su contacto con su progenitor. Tampoco se considera adecuado que la menor acuda en régimen de visitas al centro penitenciario».

Sin embargo, también añadía en los fundamentos de Derecho que en otro auto posterior -de julio del mismo año- se razonaba que «las visitas de don Raúl dependerán del posterior informe que emita el equipo psicosocial. En caso de que el citado informe sea favorable, serán acordadas inmediatamente desde el juzgado». Y como en abril de este año el equipo psicosocial consideró «recomendable» establecer visitas de la menor con el padre por entender que «en el momento actual es lo más beneficiosa para ella», el juez acordó finalmente en julio que las visitas comenzaran en el mes de septiembre, con una duración de cuatro horas y en presencia de los abuelos paternos.

En opinión de los psicólogos consultados por este diario, «esta decisión está basada en el derecho universal de los niños a tener una relación con sus padres», como asegura Gabriela Cartolari, experta en implicación y acogimiento familiar. «A través de distintos indicativos psicológicos, como los dibujos, se evalúa si hay una necesidad de que la niña vea a su padre, priorizando el derecho que tiene el menor de ver a su progenitor y saber que se encuentra vivo», afirma Calotari. Para la profesional, «estas visitas deben ser supervisadas ante el riesgo de mensajes contradictorios entre padre y familia materna, y así comprobar si está favoreciendo a la niña».

Pero hay muchas instituciones y asociaciones que no comparten en absoluto esta valoración. Rosa San Segundo es directora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid, y para ella «es una barbaridad. En este tipo de historias siempre matan a la víctima delante de los niños porque están orgullosos de lo que hacen. Pero como vivimos en una sociedad patriarcal, la figura del padre está por encima de todas las cosas».

De la misma opinión es Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas y un referente en España en los temas de violencia de género. «Las razones que se esgrimen para justificar esas visitas están equivocadas. Un hombre que ha matado a su mujer en presencia de la hija, que es capaz de asesinar a la madre de su hijo, nunca puede ser un buen padre. No se puede matar y decir que se es buena persona con otras. Los violentos no son violentos selectivos», afirma Ana María a ABC, al tiempo que señala que este «disparate» ni siquiera es un caso aislado.

«Esta es la tónica general porque se separa la paternidad de la conducta del hombre. Y no se es padre o madre por poder engendrar o poder gestar, es la conducta lo que le hace a una persona ser adecuada o inadecuada para recibir el título paterno o materno. Este auto es un disparate y una desatención al menor imposible de tolerar. La ley no dice que los padres que maltratan tengan que ver a sus hijos; es la aplicación de la ley la que lo materializa. Es un puro contrasentido, la Justicia no obedece a la racionalidad de los hechos, sino a la cultura impuesta en donde el padre es sagrado».

Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio para la Violencia Doméstica y de Género, en declaraciones a la cadena Ser, aseguraba que «hemos pedido que se contemple en la legislación que el juez siempre tenga que adoptar medidas de protección independientemente de que lo pidan el ministerio fiscal o la acusación particular». Y precisamente en este aspecto hay una derivada que podría cambiarlo todo, porque el juez no dio traslado a la Fiscalía de su decisión, lo que sería un argumento de peso en la apelación que se dirime ahora mismo en la sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ha presentado recurso contra el auto del juzgado de Aranjuez.

Por ese motivo desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se muestran respetuosos con las decisiones judiciales, aunque no las compartan. Desde este departamento se ha impulsado un anteproyecto de ley de Protección de la Infancia -pendiente del informe del Consejo de Estado- que prevé una modificación de la ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para que los menores en estas situaciones sean considerados como víctimas de la violencia de género y, por tanto, tengan acceso a las medidas de protección que les corresponden.

Fuentes del ministerio explican a ABC que «el Gobierno está intentando que un padre maltratador no pueda ejercer la custodia de un menor, e incluso que, si se le concede el tercer grado o un permiso penitenciario, esta decisión se pueda recurrir automáticamente ante el juzgado. En el anteproyecto se refleja también que el juez pueda ordenar la suspensión de la relación o comunicación del inculpado respecto de los menores que dependen de él».