Francia estudia convertir el aborto en un derecho

La ministra de los Derechos de las Mujeres, Najat Vallaud Belkacem, ha explicado en una entrevista a la emisora de radio 'RTL' que lo que se pretende con las dos enmiendas es en primer lugar "suprimir de la ley (que data de 1975) la noción de desamparo como condición de acceso al aborto". "El derecho al aborto debe ser considerado un derecho pleno, no condicionado a cualquier justificación que se imponga a las mujeres", ha subrayado Vallaud Belkacem, que ha dicho que "las mujeres tienen que tener libertad para elegir si quieren llevar o no hasta el término un embarazo". "Esta autonomía en la elección es muy importante en un momento en que vemos en nuestro entorno que las tentativas de regresión son muy presentes. Lo vemos en España pero también en otros países europeos", ha añadido.

En reacción a la manifestación de ayer en París contra esa modificación legislativa, que según los organizadores reunió a 40.000 personas (16.000 según la policía), la ministra y portavoz del Gobierno ha asegurado que "la inmensa mayoría de los franceses apoyan completamente el derecho al aborto" y que "no hay riesgo de fractura de la sociedad francesa, es una evidencia".

La otra enmienda prevé una extensión del denominado "delito de obstaculización", para que la difusión de información disuasoria del aborto pueda ser penada con dos años de cárcel y 30.000 euros de multa.

Permisos parentales

Más allá de la cuestión del aborto, la proposición legislativa modifica el dispositivo de los permisos parentales, para permitir que sea de un año (frente a seis meses actualmente) si se lo reparten a partes iguales entre el padre y la madre, con una compensación que podrá llegar a 573 euros al mes.

En la misma línea, para las familias de al menos dos hijos se podrán tomar un permiso laboral de tres años a condición de que el padre asuma al menos seis meses de suspensión de sus actividades profesionales.

Otra de las patas de la ley son las sanciones a las empresas que no cumplan con la equiparación de hombres y mujeres que tienen las mismas funciones, ya que junto a las multas en vigor (de hasta un 1% de la facturación) no podrán acceder a licitaciones públicas.

Además, las cuotas de mujeres en los consejos de administración (tendrán que ser un 40% de aquí a 2017) se amplían a las de 250 asalariados y un volumen de negocios de 50 millones de euros. La paridad se va a introducir progresivamente en el horizonte de 2020 en entidades como las federaciones deportivas, las cámaras de comercio o las instancias consultivas del Estado.