El Gobierno catalán cree que el CNI actúa con una «motivación política» con Noureddine Ziani
Recomiendan la expulsión del salafista marroquí que preside la Unión de Centros Islámicos de Cataluña
agencias
El secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Cataluña, Roger Albinyana, ha asegurado tener la impresión de que el CNI actúa con una «motivación política» en la orden de expulsión del presidente de la Unión de Centros Culturales Islámicos de Cataluña, Noureddine Ziani, ... vinculado a la Fundació Nous Catalans de CDC.
En declaraciones a Catalunya Ràdio. ha afirmado que si estas informaciones se confirman serían «muy graves», y ha recordado que el CNI ya acusó al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña de trabajar contra los servicios secretos españoles.
«En la última comisión de los secretos oficiales del Congresos de los Diputados, su director general denunció que el Consejo estaba intentando desenmascarar a los agentes del CNI en el exterior, cosa que es rotundamente falsa», ha señalado.
A la espera de las alegaciones
La abogada de Ziani, Fàtima-Zohra Bouhya, ha asegurado que están a la espera de la respuesta de las alegaciones presentadas a la orden de expulsión, y que cuando se emita la contestación de la Delegación del Gobierno se tendrá que ejecutar inmediatamente, y «podría ser esta semana».
«Espero que se estudien las motivaciones, porque han hecho unas acusaciones muy graves, las consecuencias pueden ser muy graves y no nos han motivado nada las acusaciones», ha afirmado la letrada en declaraciones a Rac1..
Ha explicado que las primeras 48 horas tras la orden de expulsión pidió pruebas y le dijeron que «eran innecesarias», y ha afirmado que hay una denuncia del CNI asegurando que Ziani atenta contra la seguridad nacional, la estabilidad de la política exterior y en beneficio a un país extranjero relacionado con el salafismo.
La abogada ha mostrado su sorpresa por la orden de expulsión, ha señalado que «son cuatro páginas, una lista de hechos que no dicen nada y que no se justifican», y ha asegurado que Ziani está seguro de no haber hecho nada irregular. Fàtima-Zohra Bouhya ha sostenido que «podría ser una decisión política», y ha recordado que los juzgados han tumbado muchas peticiones de expulsión porque no se prueban y no se aportan informes.
«Investigación concienzuda»
El Centro Nacional de Inteligencia explicó hoy que la recomendación que ha trasladado de expulsar al salafista marroquí Noureddin Ziani, miembro de la Fundación Nous Catalans vinculada a CiU, es fruto de una «investigación concienzuda» en que han participado los Mossos d'Esquadra.
Fuentes oficiales del CNI aclararon a Servimedia que el Centro ha tramitado su recomendación de expulsión de Ziani tras una «investigación concienzuda de más tres años en la que han colaborado otros servicios de Inteligencia y los Mossos d'Esquadra», que ha concluido que sus actividades atentan contra la seguridad nacional.
Con la participación de la Policia autonómica catalana, se desmiente tácitamente la acusación de CDC de que la expulsión del salafista estaría relacionada con su defensa pública en mezquitas de la independencia de Cataluña.
El secretario de Organización de este partido, Josep Rull, habló de «amenazas» relacionadas con «el proceso que ha iniciado Cataluña», y su eurodiputado Ramón Tremosa ha anunciado que presentará una pregunta-denuncia a la Comisión Europea alegando que no hay pruebas que justifiquen la expulsión de Ziani. Muy al contrario de estas interpretaciones, el CNI recordó que el salafismo es una doctrina contraria a los valores de la Constitución y que la ley confiere al Centro la misión de velar por que nada atente contra la seguridad nacional.
Así, la recomendación de expulsión de Ziani forma parte de un procedimiento administrativo recogido en la Ley de Extranjería para los inmigrantes que puedan poner en peligro dicha seguridad. En cumplimiento de dicha misión, el CNI ha puesto a disposición de un inspector de la Comisaría General de Extranjería todos los resultados de la investigación sobre Ziani, que aconsejan su expulsión, y la decisión final correrá a cargo del secretario de Estado de Seguridad.
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