Clonan el sistema informático de Pdvsa para robar más de 5.200 millones de dólares

En la trama, en marcha desde 2004, participaron directivos de la propia Pdvsa e importantes compañías de comercio energético, con un daño a la estatal petrolera estimado en más de 5.200 millones de dólares . Nicolás Maduro ha aprovechado la ocasión para arremeter contra la gestión de Pdvsa durante el largo tiempo que la presidió Rafael Ramírez (uno de las máximas figuras políticas en la era de Hugo Chávez , hoy depurado por Maduro).

Ya ha habido otras denuncias sobre sobornos a directivos de Pdvsa (singularmente la investigación abierta en Houston y que puede acabar inculpando a Ramírez), pero lo especial de este último caso es que la denuncia la ha presentado la propia Pdvsa (a través de un oscuro fideicomiso).

En realidad, no se trata de una cruzada por la limpieza y la honestidad, sino que obedece a una lucha de facciones , en un capítulo más de la pugna por el expolio de la empresa, en medio de un pulso entre empresarios vinculados a diferentes sectores chavistas.

A principios de marzo de 2018, el fideicomiso PDVSA US Litigation denunció ante la Corte de Distrito del Sur de Florida que dos consultores venezolanos, mediante el soborno a varios directivos de la petrolera, actuaron conjuntamente con varios corredores internacionales de petróleo para beneficiarse de los contratos de venta y suministro de Pdvsa. La lista incluye a algunos de los principales corredores mundiales, como Glencore , Vitol y Trafigura , y a destacadas compañías energéticas, como Lukoil y Colonial Oil Industries .

La demanda señala que Francisco Morillo y Leonardo Baquero , que crearon la firma Helsinge y se relacionaron comercialmente con Pdvsa, contaron con la ayuda desde dentro de la petrolera de cuatro de sus principales directivos: Marco Malave , jefe del departamento Comercial y de Suministros de 2012 a 2017, y su sucesor, Ysmel Serano (hoy vicepresidente de la estatal); René Hecker , gerente de ese mismo departamento hasta 2013, y Edgar García , gerente del departamento de Flete y Transporte hasta 2008.

Las acciones fraudulentas se desarrollaron desde al menos 2004 hasta muy recientemente, según consta en la demanda, en una trama de «millones de dólares» en sobornos , pagados muchos de ellos a través de Panamá, y de «miles de millones de dólares» en beneficio para Helsinge y las compañías corredoras internacionales, enriquecidas por los menores pagos realizados a Pdvsa y el sobreprecio de los productos vendidos a esta. El abogado del fideicomiso, David Boies , aseguró estimar en 5.200 millones de dólares lo que Pdvsa dejó de ingresar por la acción de los confabulados.

La trama tuvo acceso directo en tiempo real al sistema informático de la compañía estatal mediante la clonación del servidor del departamento Comercial y de Suministros. El servidor clonado se instaló en las oficinas de Morillo y Baquero en Miami . De esta manera pudieron conocer con antelación las ofertas de otras compañías en procesos de licitación y modificar en su ventaja datos del sistema (la documentación que oficialmente debía guardarse era destruida para evitar la detección de esos cambios).

Imágenes de pantallas de ordenador, obtenidas por ABC, parecen recoger los rastros de esos movimientos de «hackeo». En una de ellas se aprecia el uso de cuentas de correo electrónico que simulan ser de Pdvsa, pero en las que figura ese nombre sin la ese (pdva.com), llevando al equívoco.

Todo esto obedece a una lucha entre facciones. Detrás de la presentación de la demanda se encuentra Wilmer Ruperti , empresario que en el arranque del chavismo se vio favorecido por Hugo Chávez por haber puesto sus barcos a disposición del Gobierno durante el paro petrolero de 2002-2003.

Inicialmente, Morillo trabajó para Ruperti en la obtención de información privilegiada de Pdvsa, de acuerdo con fuentes conocedoras del caso. Pero luego ambos se separaron: Morillo se erigió él mismo en cabeza de ese particular negocio, mientras que Ruperti perdió ascendencia sobre Pdvsa por su mala relación con Rafael Ramírez (ministro del Petróleo y presidente de la estatal por diez años). Por su parte, Morillo se aproximó a un hombre clave de Ramírez en Pdvsa, su cuñado Baldo Sansó .

Cuando Ramírez y sus hombres cayeron en desgracia, algo que ocurrió definitivamente en 2017, Ruperti volvió a hacer negocios con Pdvsa. Para ganar el favor de Maduro, Ruperti corrió con los gastos de la defensa de los sobrinos de la pareja presidencial, en el juicio celebrado contra ellos en Nueva York por narcotráfico . Son esos abogados buscados por Ruperti (el despacho Boies Schiller Flexner) quienes se han encargado de la demanda presentada contra Morillo.

La demanda tiene aspectos oscuros. Se hace desde un fideicomiso opaco y además no se presenta contra los cuatro directivos de Pdvsa que aceptaron sobornos para facilitar las operaciones fraudulentas. También extraña que cuando la preparación de la demanda ya estaba en marcha, Pdvsa estableciera nuevas operaciones con uno de los corredores que iba a demandar, Trafigura, como ha destacado el investigador Alek Boyd . Por su parte, la juez federal Alicia Otazo-Reyes , magistrada en la Corte de Miami, ha cuestionado aspectos formales de la demanda.