Derecho de asilo: un laberinto imposible para Snowden

Pero, ¿es eso cierto?, ¿quién puede pedir asilo?, ¿cómo se tramita la solicitud?, ¿qué organismo estudia cada caso y quién tiene la decisión última? Preguntas todas muy de actualidad desde que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, y, mucho más aún, desde que Snowden trae de cabeza a la Casa Blanca buscando una salida a su situación desde la zona de tránsito de un aeropuerto moscovita.

A menudo, los términos de «solicitante de asilo» –como son los casos de Snowden o Assange, reclamados por Estados Unidos– es confundido con el de «refugiado». Pero el primero hace referencia sólo a la persona que solicita el reconocimiento de la condición de refugiado, pero cuya solicitud todavía no ha sido evaluada de forma definitiva. En este sentido, el fundador de Wikileaks lleva más de un año encerrado en la embajada ecuatoriana con este estatus, mientras que Snowden tiene a medio mundo pendiente de su situación después de que países como Alemania, Polonia, Noruega, Austria, Holanda, Irlanda o Finlandia, además de España, haya rechazado estudiar su petición.

«Aunque desconocemos todos los detalles y solo tenemos la información recibida de los medios de comunicación, en el supuesto de Snowden sí se puede decir que existe la posibilidad de que su solicitud pudiera ser estudiada por España», aseguran expertos en asilo y protección internacional de ACNUR.

«Hay un artículo en la ley española que contempla que no hace falta estar en territorio español para pedir protección ante embajadas y consulados españoles. En el caso de Snowden, que está en una zona de tránsito de un aeropuerto internacional, depende de la voluntad que haya por estudiarlo. La gente que lo pide desde un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) tampoco se persona físicamente, pero el reglamento lo permite cuando no pueda superar los impedimentos para presentarse. Lo haría a través de la persona que le represente y justificando las circunstancias por las que no se puede presentar», aseguran, antes de añadir: «Las razones diplomáticas afectan a veces más que las propias que habría que evaluar a la hora de gestionar una petición de asilo, para que nos vamos a engañar».

Este derecho de asilo es un derecho fundamental contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución española que cuenta con su propia legislación. La Ley de Asilo, que fue modificada en 2009 en España, especifica que quién puede pedirlo son «las personas nacionales no comunitarias y apátridas que estén en territorio español», explican en la agencia, con la justificación de que el Gobierno español certificó que dentro de la Unión Europea todos los países eran seguros y que no tenía sentido que sus ciudadanos solicitaran este derecho en otro país de la misma UE.

El resto de la personas pueden solicitarlo en puestos fronterizos o, dentro de España, en comisarías, centros penitenciarios, CIES, etc. Además, se especifica que una persona no puede pedir asilo en una embajada extranjera de su propio país. Tiene que estar en un tercer estado. «Aunque, en el caso de que ocurra, el embajador también podría determinar si hay peligro para la integridad física del solicitante y, en caso de que así sea, puede iniciar la tramitación del su traslado al país de la embajada, para que pueda presentar la solicitud de asilo fuera de su país de origen», especifican.

Según explican en ACNUR, sin embargo, en España no hay un reglamento. «Llevamos esperándolo tres años, desde la aplicación de la nueva Ley de Asilo de 2009, y tenía que haber entrado en vigor en torno a mayo de 2010, pero seguimos sin él». Este reglamento es el que debería especificar cuáles son las condiciones de acceso a las embajadas por parte de los solicitantes y el procedimiento para poder evaluar todas las posibilidades de traslado. En esta nueva ley está el artículo 38, que habla del riesgo para la integridad física de la persona que solicita el asilo, como el caso de Snowden, pero aún no se ha presentado dicho reglamento que lo regule.

El gobierno ecuatoriano , por ejemplo, afirmó haber analizado la petición de asilo en términos de defensa de los derechos humanos más que por cuestiones políticas, considerando que la vida de Assange peligraba en una hipotética extradición a Estados Unidos, donde la pena de muerte está vigente. Un caso que podría ser muy parecido al de Snowden, pero al que muchos países han contestado con una negativa, como España, en donde el número de peticiones de protección internacional durante 2012 fue tan solo de 2.500. «La cifra más baja en 25 años, desde que se realizan los registros», declaraba la Comisión Española de Ayuda al Refugiado hace unos días.

La petición de asilo en España tiene varias fases. En primer lugar, se presenta la petición, que se estudia superficialmente para determinar si cuenta con los requisitos necesarios para ser admitida a trámite, averiguando si encaja en alguno de los supuestos de la Convención de Ginebra de 1951 o si, por el contrario, es infundada y abusiva. «No hay que olvidar que la legislación también contempla quién no puede ser reconocido como refugiado, como las personas que han cometido crímenes contra la humanidad o los terroristas, por ejemplo. La Ley de asilo no es un coladero de gente que hace la solicitad por cualquier motivo», recuerdan desde ACNUR.

Si es admitida a trámite, pasa a una Comisión Interministerial de Asilo y Refugio que la estudia en profundidad. Este grupo de trabajo está compuesto por expertos de diferentes materias, desde derecho internacional, a justicia, pasando por inmigración o igualdad. «Cada petición se analiza de forma individual y sin circunscribirla a aspecto generales. Cada persona es un mundo», puntualizan desde ACNUR, que como organizamos tiene voz, pero no voto, en esta comisión.

La decisión última de este proceso, cuyo tiempo de resolución varía de si ha sido presentado en un puesto fronterizo o dentro del territorio español, recae sobre el ministro del Interior, que se apoya en las resoluciones de la comisión.

«Hay refugiados que en sus países de origen han sido sometidas a una violencia extrema, como en el caso de los bosnios, y que probablemente nunca van a querer volver a su país. Es algo que hay que respetar, sin olvidar que la opción de pedir asilo en otros países es la última opción que tienen. Es una decisión forzada», concluyen desde ACNUR, con un dato de fondo: el número de refugiados que hay en España es de aproximadamente 4.000. Una cifra insignificante en comparación con los más de 40 millones que hay en todo el mundo.