El Congreso estudiará dar protección y anonimato a las familias que denuncien adoctrinamiento en las aulas

Concretamente, el grupo parlamentario de Albert Rivera pide desarrollar el marco normativo de manera que la Alta Inspección Educativa del Estado pueda realizar "requerimientos e inspecciones en centros educativos ", elaborar informes sobre las decisiones de las administraciones educativas y contenidos curriculares y garantizar la "neutralidad ideológica y política de los centros docentes".

Además, solicita desarrollar también la normativa vigente para que contemple la exigencia de " responsabilidades disciplinarias" a directores y profesores por la realización de actuaciones de "adoctrinamiento del odio nacionalista"; y para que la Fiscalía "pueda perseguir con diligencia los delitos de odio cuya víctima son los menores de centros educativos".

El grupo parlamentario advierte en el texto registrado en el Congreso de que bajo el eufemismo de "debatir la situación política" en las aulas, se están llevando a cabo " adoctrinamiento ideológico a niños y niñas de todas las edades" e invitaciones a participar en movimientos de protesta o la realización de pancartas.

"En los últimos actos de adoctrinamiento del odio, la víctima propiciatoria han sido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se les está trasladando a los menores una concepción negativa de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, mientras que entronizaba al cuerpo de Mossos d'Esquadra , como héroes del pueblo", señala.

Igualmente, destaca que, tras el 1-O, más de una veintena de casos que afectan a hijos de Guardias Civiles y de Policías Nacionales han sido denunciados porque son 'víctimas de acoso escolar en las aulas tanto por sus compañeros como por el profesorado'. En todo caso, la formación naranja precisa que las actividades de adoctrinamiento "no son hechos nuevos" sino que llevan "décadas" produciéndose.

También el Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha denunciado este tipo de prácticas y ha alertado de el partido Compromís -que dirige la cartera de Educación en el gobierno autonómico del socialista Ximo Puig- «sigue una hoja de ruta similar a la catalana ».

Durante la interpelación defendida el pasado miércoles por el diputado Toni Cantó , el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo , admitió que una de las causas de la crisis con Cataluña se debe al adoctrinamiento en colegios y universidades durante décadas, pero subrayó que su función es "limitada" para evitarlo porque las competencias educativas están transferidas.

Por ello, planteó la reforma de la Constitución para introducir el principio de 'lealtad constitucional', porque, según dijo, "lo echa en falta" en Educación, así como la reforma del sistema educativo "consensuada" con el resto de formaciones políticas en el marco del Pacto Social y Político por la Educación.

Además, informó de que ha enviado un segundo requerimiento a la consejera catalana, Clara Ponsatí, en el que alerta de que el acoso escolar a los alumnos que no participan en actos a favor de la independencia y contra la Policía y Guardia Civil en colegios e institutos se ha incrementado "exponencialmente" tras el referendum ilegal del pasado 1 de octubre.

Este texto, fechado el 5 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, es el segundo de esta naturaleza con el que el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo exige a la responsable autonómica de Educación que depure responsabilidades entre el profesorado por los actos de adoctrinamiento y restaure los derechos conculcados a los alumnos hostigados por motivos ideológicos. " Si no hay respuesta, o no es satisfactoria, iremos a los tribunales ", afirmó en la Cámara Baja.

En el ámbito de la Comunidad Valenciana, Ciudadanos (Cs) también ha anuncia la puesta en marcha de una batería de medidas "en contra del adoctrinamiento ideológico en la Comunitat Valenciana", según ha avanzado la responsable de Educación de esta formación, Marta Martín , quien ha defendido que "combatir el adoctrinamiento y el acoso por razón ideológica es una prioridad" del partido.

Después de la citada interpelación al ministro de Educación realizada por el diputado Toni Cantó, Martín se ha reunido con la federación de padres de alumnos Fapa Gabriel Miró de Alicante , que ha denunciado "presiones a los alumnos exentos de valenciano, así como la edición de una agenda escolar que incluye a la Comunitat Valenciana en los inexistentes «países catalanes», informa Cs a través de un comunicado.

Martín, junto a la portavoz provincial de Cs en Alicante, Yaneth Giraldo , ha concertado este encuentro "para conocer de primera mano lo sucedido". Además, ha asegurado que el secretario de la Mesa de Les Corts, Emilio Argüeso , ha solicitado una reunión al Síndic de Greuges "para que defienda a los menores ante estos casos de manipulación intolerables".

Por su parte, la diputada responsable de Educación de Ciudadanos en Les Corts Valencianes, Merche Ventura , ha exigido explicaciones a la Conselleria de Educación y ha considerado "inadmisible la utilización de material escolar con fines políticos".

Por ello, ha registrado varias preguntas "para saber si Educación subvenciona a la organización que ha elaborado esta agenda y si va a adoptar medidas al respecto".

El viernes, ABC reveló como un mapa político y sin alusión alguna a información lingüística de los «países catalanes» está colocado junto a la pizarra del IES Derramador del municipio alicantino de Ibi, en una aula por la pasan cuatro grupos de la ESO para recibir clases de valenciano. Pocos horas después de la difusión de esta noticia, en un monumento situado a apenas 400 metros ha aparecido una pintada en catalán con el mensaje «Puta Espanya ».