De las «sonrisas» a la «kale borroka»: el «procés» entra en una nueva fase de violencia

Desde entonces el movimiento separatista está atrapado en una espiral de violencia, liderada por los Comités de Defensa de la República (CDR) y apoyados por los satélites juveniles de la CUP, cuyas acciones violentas (protagonizadas por una minoría muy radicalizada) no solo no son condenadas en público por JpC y ERC, sino que además son elogiadas en sede parlamentaria. La frustración invade el independentismo. Alguien prometió algo que no podía cumplir. La violencia ha dejado de ser puntual y anecdótica para convertirse en regular (a diario) y organizada.

El 20 y el 21 de septiembre, miles de personas, convocadas por la ANC y Òmnium, con sus presidentes al frente, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, impidieron el trabajo de una comitiva judicial que realizaba un registro en la sede de la Consejería de Economía en el centro de Barcelona. Los manifestantes, alentados por los «Jordis» y las redes sociales de las dos entidades, bloquearon la salida de la comitiva (algunos de sus miembros tuvieron que utilizar la azotea del edificio y camuflados entre los que dejaban un teatro colindante) y el correcto desarrollo del registro. Los asistentes a la convocatoria destrozaron varios coches de la Guardia Civil y los desvalijaron, mientras los agentes de los Mossos d’Esquadra solo miraban. Quedará para el recuerdo la imagen de los «Jordis» subidos al techo de uno de los coches destrozados de la Benemérita para dirigirse a los manifestantes y animarles a seguir con la protesta.

A los alrededor de mil agredidos, contabilizados por la Generalitat, durante el referéndum ilegal del 1-O, el Ministerio del Interior respondió con la cifra de 431 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil heridos por los «pacíficos votantes», ciudadanos que impedían el cumplimiento de la orden de la Justicia. En algunos lugares, como en San Carlos de la Rápita (Tarragona) , la comitiva policial fue recibida a pedradas por estos «pacíficos votantes» y tuvo que salir de la localidad sin cumplir con las instrucciones judiciales. De esos 431 agentes heridos, casi un centenar necesitó ayuda médica.

Los partidos y entidades secesionistas (a los que se sumaron puntualmente CC.OO. y UGT) convocaron una huelga general política a los dos días del referéndum ilegal. El apoyo, respaldo y colaboración de la Generalitat fue total. Cerraron completamente, sin posibilidad de servicios mínimos, la práctica totalidad de las escuelas públicas y todo tipo de centros de titularidad municipal y autonómica, así como buena parte del entramado subvencionado. Durante el día se llevaron a cabo acosos organizados ante las principales comisarías y jefaturas de la Policía Nacional. Durante esos días, comités radicalizados llevaron a cabo escraches a los agentes de refuerzo en Cataluña instalados en diversos hoteles. En Calella (Barcelona) y Pineda de Mar (Barcelona) los violentos contaron con el aplauso de la alcaldesa Montserrat Candini (PDECat) y de la primera teniente de alcalde, Carme Aragonès (PSC), respectivamente. El 8 de noviembre se convocó otra huelga general por motivos políticos. Ese día se cortaron decenas de carreteras, autopistas y vías secundarias, y se ocuparon las vías del tren en las estaciones principales bloqueando así las vías de comunicación de Cataluña.

Los Mossos d’Esquadra tuvieron que disolver a los centenares de manifestantes, convocados por los CDR, que la noche del 25 de marzo pasada intentaron acceder hasta las puertas de la Delegación del Gobierno en Barcelona. Tras varias horas de contención y en las que los agentes de la policía autonómica recibieron el impacto de objetos y huevos, así como la descarga de un extintor, los Mossos actuaron contra los agresivos manifestantes. Las protestas de ese día 25 y las de dos días antes en el mismo lugar, dieron como resultado más de un centenar de heridos. Entre estos, más de 25 heridos eran agentes de los Mossos.

El mismo domingo 25, en una acción totalmente coordinada, los CDR locales de Lérida y Gerona llevaron a cabo escraches similares a los de Barcelona. En Lérida, agentes de la policía local y de los Mossos d’Esquadra fueron acorralados en las puertas de la sede gubernamental. Solo el lanzamiento de unas salvas evitó que la turba accediera al edificio de la Subdelegación. En Gerona, durante todo el día, radicales independentistas se plantaron a las puertas de la Subdelegación para protestar por la detención en Alemania de Carles Puigdemont. Por la mañana, Marta Madrenas (PDECat) , alcaldesa de la ciudad, animó a los jóvenes en lo que calificó como una acción «pacífica» de protesta. Estos «pacíficos» secesionistas asaltaron la sede del Gobierno de España en Gerona, arriaron las banderas de la UE y de España e izaron una «estelada» y la bandera negra independentista, enseña que se contrapone a la bandera blanca de la rendición. El 23, Madrenas -que también es diputada autonómica- alentó a los radicales para que siguieran en las calles hasta «echar» a los españoles de Cataluña.

Durante el juicio del 9-N, a principios de 2017, Ana Magaldi, entonces fiscal jefe de Barcelona, fue increpada e insultada a la salida del Palacio de Justicia en Barcelona. «Fascista», «eres una mierda» y «fuera de Cataluña» fueron algunos de los insultos y amenazas. En noviembre del año pasado, asaltaron la segunda vivienda de la familia Magaldi en un pueblo del Pirineo. Ese mismo mes de noviembre, el juez instructor del 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, denunció varias pintadas a las puertas de su también segunda residencia, en una localidad de la provincia de Gerona. Ramírez Sunyer es el magistrado que investiga el 1-O ilegal al margen del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. El último caso del acoso que reciben los miembros de la Justicia lo protagoniza Pablo Llarena, magistrado instructor del Supremo, encargado de la causa contra el gobierno catalán y la Mesa del Parlamento catalán por llevar a cabo el 1-O pese a ser una consulta ilegal. Arran le insultó y amenazó con grandes pintadas a las puertas de su segunda vivienda en un pueblecito del Pirineo.

Y a todos estos actos de violencia y acoso, protagonizados generalmente por tumultos radicalizados, hay que sumar las constantes pintadas que aparecen en las sedes de los partidos constitucionalistas (Cs, el PSC y el PP) , que en las últimas semanas, además, van acompañadas de destrozos por el lanzamiento de piedras u objetos contundentes. No son actos violentos puntuales. Como tampoco están siendo puntuales los cortes de carreteras organizados y coordinados por los CDR. Ni JpC ni ERC han denunciado estos metódicos actos violentos.