La consejera vasca tacha de «guerra de términos» el perdón a las víctimas

En una entrevista a 'El Correo', la consejera se expresaba así después de anunciar que la Administración Penitenciaria vasca había concedido ocho progresiones de grado a otros tantos presos de ETA, entre los que figura el histórico José María Arregi , alias 'Fiti', que tiene quince muertos en su haber.

Según explicó, todas las decisiones se ajustan «estrictamente a la legalidad», aunque el Gobierno vasco es consciente de que puede toparse con una negativa de la Audiencia Nacional, que tiene la última palabra y ya ha enmendado la plana al Ministerio del Interior en media docena de casos por incumplimiento del requisito de arrepentimiento y perdón expreso a las víctimas. Se habían utilizado escritos estandarizados muy similares entre sí para allanar el camino al beneficio penitenciario y fueron denostados por no creíbles.

Artolazabal sostiene que en los terceros grados aprobados ahora por la Administración penitenciaria vasca sí hay un arrepentimiento real. «Creo sinceramente que los beneficiarios de las progresiones de grado en las que estamos trabajando manifiestan un arrepentimiento sincero . Y no son cartas tipo, son escritos de su puño y letra en los que expresan sus sentimientos (...) Las he leído. Las cartas tipo no se están valorando ahora mismo como algo positivo», explicó. En todo caso, ve «factible» que la Audiencia Nacional acabe tumbando alguna de esas decisiones . «Entonces habrá que mejorar los expedientes, que sean perfectos en forma y de fondo», señaló.

«Lo que debe quedar claro es que estas decisiones no son políticas, se toman en base a escrupulosos análisis científicos y criterios técnicos de los expertos de las juntas de tratamiento. No son caprichos, buena parte de los presos de ETA que están llegando a Euskadi cumplen o están a punto de cumplir los requisitos para la progresión de grado», añadió la consejera vasca.

Asegura, en este sentido, que la pauta la marcarán las juntas de tratamiento de las cárceles, las mismas que se han opuesto al tercer grado en 26 casos de etarras que, así, no van a progresar. «Sería imprudente no basarnos en el trabajo de los profesionales. La decisión siempre estará fundamentada en sus informes», zanjó. Sostiene que, en todo caso, «diez años después de la violencia la excepcionalidad ya no cabe ».