Cuarenta y cinco jefes de ETA tienen datos sobre 326 asesinatos sin aclarar

Según los datos que maneja Dignidad y Justicia, si se parte de 1960, año en el que ETA tuvo su bautizo de sangre con el atentado que costó la vida a la bebé Begoña Urroz, son 377 los asesinatos sin resolver. Esto es, el 44% de los que ha cometido. Una cifra «insoportable», según la asociación que preside Daniel Portero, máximo cuando la banda, con la complicidad de su entramado político, intenta blanquear su pasado e imponer un escenario de final de la violencia sin vencedores ni vencidos, argumentando que hubo un conflicto y víctimas en ambas partes. La cifra de asesinatos sin aclarar se rebajaría hasta 326 si se contabilizan a partir de la fecha en que entró en vigor la ley de Amnistía General de 1977. De estos casos, al menos 175 se encuentran directamente sobreseidos por lo que no existe ninguna investigación ni actividad judicial en curso.

Pero las víctimas reivindican también su derecho a conocer la verdad sobre los crímenes anteriores a esa amnistía. De ahí la lucha sin cuartel emprendida por Dignidad y Justicia, a través del abogado Miguel Ángel Rodríguez, experto en Derecho Penal Internacional, para que los crímenes de ETA sean tipificados como actos de genocidio o contra la humanidad. De momento, ha ganado una primera batalla al apoyar la Fiscalía de la Audiencia Nacional que sean considerados de «lesa humanidad» y, por tanto, no prescriban. Fuentes de la lucha antiterrorista, sin embargo, matizan que la mayoría de estos asesinatos están prácticamente esclarecidos en el sentido de que las Fuerzas de Seguridad conocen la autoría. Lo que ocurre es que, o bien algunos de los autores no han sido aún detenidos, o las pruebas recabadas hasta el momento no son consideradas lo suficientemente concluyentes por parte de la Justicia.

Y es ahí donde podría ser determinante que se tome declaración a estos cabecillas que ordenaron los atentados. Algunos permanecen en prisión y otros quedaron ya en libertad tras cumplir condenas por otros hechos. Y es que en España la tendencia, en el caso de ETA, ha sido juzgar a los autores materiales o jefes de los «comandos», sin tener en cuenta que los atentados formaban parte de una campaña y los ordenaba una dirección colegiada, dentro de una estrategia encaminada a la liquidación del adversario o las deportaciones forzosas.

Después de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad terrorista, Sortu, Bildu y Amaiur intensificaron su exigencia de que los presos de la banda sean trasladados a cárceles del País Vasco y Navarra como antesala de su puesta en libertad. Ello, con el argumento de que la dispersión es «un castigo» no solo para el recluso, sino también para los familiares. Esto es, plantean una negociación sobre las «consecuencias del conflicto» a fin de que se reconozca «el daño a las víctimas de uno y otro bando».

Si la propuesta fuera sincera, Bildu instaría a ETA a que repare el daño causado, que pasa por colaborar para que se esclarezcan sus asesinatos aún sin resolver. Su silencio, en este sentido, añade dolor a los familiares de las víctimas. La banda no puede devolverlas a la vida, pero sí puede aliviar el sufrimiento de los allegados.

La jurisprudencia europea avala que con su silencio, ETA provoca sufrimiento añadido a los familiares de sus víctimas. Así, en el caso «Kurt contra Turquía», el Tribunal de Derechos Humanos afirmaba que ante asesinatos selectivos o desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, la propia familia que espera justicia pasa a convertirse propiamente en «víctima autónoma y diferenciada del acto criminal cometido». Ese mismo Tribunal sostenía en otro momento que en los casos en los que las investigaciones judiciales quedan paralizadas por 5 años sin causa justificada, el Estado estaría sometiendo ya a los familiares a trato o sufrimiento inhumano.

Ello entronca con el «derecho a conocer la verdad». Así, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, «la sociedad tiene derecho a conocer la verdad sobre los acontecimientos del pasado que se refieren a la comisión de crímenes aberrantes, así como sobre las circunstancias y los motivos por los que se perpetraron, a fin de evitar que no se repitan en el futuro». Estas y otras citas forman parte de un escrito remitido al Defensor del Pueblo por Dignidad y Justicia y que su titular, Soledad Becerril, ha trasladado a la Fiscalía General.