Libertad con cargos para los ocho combatientes españoles retornados del conflicto de Ucrania

«No soy un terrorista. Mi detención es algo mediático. Se me está acusando de terrorismo y no es por eso, es por mi estancia en Ucrania y al estar allí dice que se incumple la neutralidad de España», ha dicho uno de los detenidos en una entrevista con el diario Hoy de Extremadura.

Este cacereño de 33 años, militante comunista, y que ha estado dos meses en Ucrania, cree que está viviendo una situación similar a la de las personas que venían a luchar a España en la Guerra Civil, en las Brigadas Internacionales. «Están matando niños, mujeres y ancianos», sentencia.

Tras su liberación, este extremeño ha declarado que la policía ha hecho un registro en su vivienda y no han encontrado «nada», por que «no soy un terrorista», ha repetido.

La Policía les acusa de «delitos de cooperación o complicidad en asesinatos y homicidios» llevados a cabo «por los grupos y batallones a los que se unieron», además de «tenencia y depósito de armas y explosivos». Los ocho jóvenes quedaron en libertad con cargos, con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, tras prestar declaración

Más polémica aún es la segunda batería de ilícitos que el departamento que dirige Jorge Fernández imputa a los arrestados: participar en «actividades que pueden ser constitutivas de delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado», al tratarse «de españoles que, al participar en el conflicto armado, violentan la neutralidad que España ha de mantener en relación con la comunidad internacional». La Policía cree que podrían haber incurrido en un delito contemplado en el artículo 591 del Código Penal (casi jamás utilizado) que pena con hasta ocho años de cárcel al que, «durante una guerra en que no intervenga España, ejecutare cualquier acto que comprometa la neutralidad del Estado o infringiere las disposiciones publicadas por el Gobierno para mantenerla».

La denominada 'operación Danko' se desarrolló de manera simultánea en Madrid Gijón, Barcelona, Cáceres, Cartagena y Pamplona. Allí, en sus propios domicilios, fueron detenidos los ocho jóvenes, de los que el Ministerio del Interior solo facilitó sus iniciales. Seis de ellos habían regresado a España en diciembre. Los dos últimos, este mismo febrero, después permaner varios meses (algunos desde el verano de 2014) en el campo de batalla.

Según fuentes de la investigación, la mayor parte de los arrestados, entre los que hay tres exmilitares, eran miembros en España del colectivo Acción Antifascista y habían estado encuadrados en la denominada Brigada Internacional Carlos Palomino -en honor al militante antifascista asesinado en el metro de Madrid en 2007-, integrada a su vez en el Batallón Vostok, uno de los más violentos de los que ha combatido en la guerra de Ucrania.

Todos ellos, con edades entre los 20 y 30 años, llegaron a Ucrania de la mano de la Liga Europea Prorrusa y de contactos personales con rebeldes a través de Twitter. Habían combatido fundamentalmente en la región de Donbass, aunque no todos estuvieron en el frente empuñando el AK-74, el kalashnikov más moderno, arma con la que aparecen en las imágenes distribuidas por la Policía.

La aventura bélica de los ahora detenidos no era, ni mucho menos, un secreto. Los arrestados y sus colectivos afines en España (principalmente el Comité de Apoyo a la Ucrania Antifascista) habían publicitado de manera profusa a través de vídeos y blogs en internet el viaje de los 'brigadistas' para luchar contra el «Gobierno fascista de Kiev».

Particularmente conocida era la incorporación en julio de 2014 al batallón Vostok de Rafael Muñoz Pérez, 'Maki', de 27 años, y Ángel Davilla-Rivas, 'Tsigan', de 22 años, los dos primeros españoles que se enrolaron en las milicias prorrusas. El primero, natural de Madrid pero residente en Gijón, era un exmiembro de las juventudes de Izquierda Unida. El segundo, natural de Cartagena, era miembro del Partido Comunista de los Pueblos de España. Los dos aseguraban haberse alistado en la guerrilla para defender a la población civil.

Por su parte, Andrés Ramajo Salomón, el detenido en Cáceres, había pasado de octubre a diciembre del pasado año en la zona de combate y desde internet había invitado a otros comunistas a «matar nazis».

La versión de Interior es bien diferente: «En el conflicto en el que participaron los detenidos hay cientos de civiles muertos, la mayoría de nacionalidad ucraniana. Algunos de estos actos han sido calificados de acciones terroristas por las autoridades de aquel país». «Durante su estancia en Ucrania -añadió Interior- los arrestados compartieron y difundieron a través de las redes sociales su entrenamiento, exhibiendo uniformes paramilitares, fusiles de asalto, artefactos y dispositivos explosivos, manifestándose a favor de la lucha armada de los secesionistas violentos».

El futuro de los arrestados pasa ahora por el juez Santiago Pedraz, quien ordenó los registros de los domicilios, pero no las detenciones. En los allanamientos se incautaron de ropas militares rusas, cuchillos, un fusil, una pistola, machetes e insignias. El magistrado se declaró competente para investigar estos hechos porque Ley Orgánica del Poder Judicial establece que es la Audiencia Nacional él órgano que investigará los delitos cometidos por españoles en el extranjero.