La Cámara Baja sacará los datos de sus bienes, contratos y cuentas a plena luz

Según esta propuesta, a los datos sobre la actividad parlamentaria, el régimen económico y social de los diputados y los concursos que convoca el Congreso que ya se pueden consultar en www.congreso.es, se sumarán ahora algunas novedades con información económica, presupuestaria y contractual.

Por ejemplo, se darán a conocer de forma detallada los Presupuestos de la Cámara y su ejecución presupuestaria, tanto de 2014 como de 2015 (actualmente sólo se tiene acceso a un informe sobre el cumplimiento de las cuentas de 2012 y 2013). Respecto a los contratos que adjudica el Congreso para la adquisición de distintos servicios además de los pliegos de los concursos y el valor de la licitación, que ya son públicos, la intención es informar de la planificación contractual general de la Cámara, de los convenios futuros y que ya están en vigor, y ofrecer también una relación de los denominados contratos menores (obras de menos de 50.000 euros o servicios por debajo de 18.000 euros).

La propuesta de los servicios jurídicos incluye, asimismo, la publicación de los bienes inmuebles, muebles y de los derechos de la Cámara, destacando, dentro de estos últimos el patrimonio histórico-artístico, el bibliográfico y documental y los elementos de transporte.

También se recogerán datos sobre los viajes de sus señorías, conforme al acuerdo alcanzado por los grupos el pasado mes de diciembre, y sobre la documentación complementaria de las iniciativas legislativas. Igualmente, habrá mayor información sobre las funciones del Congreso, un organigrama detallado de la administración parlamentaria y el régimen económico y de incompatibilidades del personal de la Cámara.

El futuro Portal de la Transparencia, cuyos contenidos serán supervisados por la Mesa del Congreso, se encargará de la denominada «publicidad activa» de la institución, pero los ciudadanos también podrán dirigirse a la Cámara para hacer consultas específicas. Eso sí, el informe ya avisa de que serán inadmitidas las peticiones que incluyan «expresiones indecorosas contra personas o instituciones, así como meros juicios de valor u opiniones». El Congreso tendrá un mes de plazo para responder a los ciudadanos si concede o deniega la información solicitada que podrá ampliarse a dos meses si ésta es muy extensa o compleja. Si no se recibe contestación en el plazo máximo fijado, el solicitante habrá de entender que su petición ha sido desestimada.

El documento también detalla, siguiendo el esquema fijado en la propia Ley de Transparencia , que el derecho de acceso a la información sobre la actividad de la Cámara podrá ser limitado cuando suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, o la protección del medio ambiente.