Así se aplicarían las medidas contra la corrupción de Rajoy sobre los casos juzgados

Con el «caso Pallerols» quedó acreditada la financiación ilegal de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) a través del desvío de fondos de la UE destinados a cursos de formación para parados. El juicio no se llegó a celebrar porque las partes llegaron a un acuerdo «in extremis». Los procesados asumieron que desviaron fondos públicos y aceptaron, de forma solidaria con UDC, devolver los 388.000 euros desviados. Para evitar casos similares, el Gobierno quiere limitar a 50.000 euros el máximo de donaciones de personas físicas a los partidos políticos. Además, será obligatorio comunicar al Tribunal de Cuentas individualizadamente todas las que superen los 25.000. Los partidos deberán publicar en sus páginas todas las donaciones que reciban y que superen los 25.000 euros. También tendrán que identificar al donante.

Luis Bárcenas, nombrado tesorero del PP en 2008, abandonó su escaño de senador en abril de 2010. Acorralado por el «caso Gürtel», ya había presentado anteriormente su baja temporal de militancia en el PP y había renunciado a la tesorería del partido. Bárcenas explicó que sin su fuero parlamentario podría defenderse mejor al tener «la posibilidad de la doble instancia» y también la de recurso de amparo. Pero nunca, a pesar de tener acta como diputado, compareció ante el Parlamento para explicar las cuentas del partido. Solo cuando fue encarcelado, al apreciar el juez riesgo de fuga, intentó implicar a la plana mayor del partido en un entramado de financiación ilegal. Con las medidas impulsadas por el Gobierno de Rajoy, los tesoreros deberán comparecer en el Parlamento cuando el Tribunal de Cuentas emita el correspondiente informe sobre sus cuentas. El Ejecutivo también se ha comprometido a regular la figura del tesorero, incluyendo requisitos de idoneidad y honorabilidad.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé reducir los plazos de instrucción de las causas penales a seis meses. Aunque en las investigaciones complejas se podrá prorrogar a los 18 meses. Eso evitará que la investigación de los casos de corrupción no se eternicen. En el «caso Malaya», por ejemplo, pasaron siete años y medio entre que saltó a la luz pública y se dictó sentencia. Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, fue condenado pro este caso a siete años de prisión. Juan Antonio Roca, cerebro de la trama, a once años de prisión y una multa de 240 millones.

Otra novedad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar sumarios interminables es la posibilidad de despiezar un procedimiento para poder llevar cada una de las piezas a juicio en un tiempo razonable. Es lo que ha hecho el juez Pablo Ruz con el «caso Gürtel». El magistrado concluyó la investigación de 45 de los más de 100 imputados en el «caso Gürtel» y abrió una pieza separada para su enjuiciamiento. Esta pieza se refiere a la trama organizada en torno a Francisco Correa desde 1999 hasta 2005 y otros hechos que se extienden a años posteriores. El caso de los «papeles de Bárcenas» sigue su curso. La juez Mercedes Alaya, en cambio, se niega a despiezar la instrucción de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, como le ha reclamado la Fiscalía. La Audiencia de Sevilla, no obstante, ha avalado a la magistrada porque con la división se corre el riesgo de «desorden procesal».

A finales de 2010, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha decidido sobreseyó una causa contra el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por cuatro delitos al considerar que habían prescrito. El Gobierno pretende que casos así no se repitan y, en los supuestos delictivos más graves, en los que se prevé que la inhabilitación para el condenado tenga una duración máxima de al menos 10 años, se elevará la prescripción a 15 años. El objetivo de esta medida es evitar que haya cargos públicos que se libren de ser juzgados porque los delitos hayan prescritos.

El Gobierno se ha comprometido a informar cada seis meses al Congreso de los Diputados de los indultos que haya concedido y haya denegado. Será el ministro de Justicia el encargado de hacerlo. El objetivo es aumentar el control parlamentario sobre esta figura. Entre los encarcelados por corrupción que han pedido el indulto se encuentran el exalcalde de Jerez Pedro Pachecho, condenado a cinco años y medio por dos casos de enchufismo; el expresidente balear Jaume Matas, condenado a seis años por varios delitos y el expresidente del F.C. Barcelona Josep Lluís Núñez , condenado a dos años y medio de prisión por su implicación en una trama de sobornos. El Ejecutivo de Rajoy se ha comprometido a no conceder nunca un indulto a un condenado por delitos de corrupción.

Uno de los aspectos más discutidos cuando un político resulta imputado es si tiene o no la obligación de dimitir. Quienes defienden que sí, argumentan que los representantes públicos deben enfrentarse a la Justicia como cualquier ciudadano, sin la garantía del aforamiento. Santiago Cervera, exdiputado del PP, dimitió tras ser detenido por un caso de chantaje porque no veía «aceptable» aprovechar su condición de aforado para ser juzgado por el Supremo en lugar de por un tribunal ordinario.

Quienes defienden que la dimisión no es necesaria sostienen que la imputación no es una condena, y que el aforamiento no siempre es una ventaja, pues se pierde un recurso. El expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez, detenido y encarcelado por la operación Púnica, tardó varios días en dimitir y en pedir la baja del PP. Lo hizo a regañadientes, y sin renunciar a su acta como diputado. Los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, cuya relación con los ERE de la Junta de Andalucía está en manos del Tribunal Supremo , no han renunciado a sus actas de senador y congresista, respectivamente.

En las medidas de regeneración puestas en marcha por el Gobierno se prevé un procedimiento de expulsión para aquellas personas que se hallen en una situación penal y sobre quienes se haya dictado un auto de apertura de juicio oral para los delitos que comporten inhabilitación o la pérdida del derecho de sufragio pasivo.