Torres-Dulce deja que la Fiscalía catalana decida sobre la querella contra Mas

Fuentes de la Fiscalía General precisaron que este encuentro se produjo a instancias de Romero de Tejada, en quien recae todo el peso de la inminente querella que la Fiscalía interpondrá ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), competente para investigar a Mas y a los miembros de su Gobierno por su condición de aforados. Pero a nadie se le escapa que la Fiscalía trata de exteriorizar esa imagen de unidad e independencia después de que estos últimos días hayan planeado sobre su labor acusaciones de interferencias políticas con el consiguiente malestar que esto ha causado en el fiscal general.

De hecho, la Fiscalía catalana tenía preparado ya el borrador de su querella cuando la dirigente del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, desveló el martes su contenido. Y por este motivo el Ministerio Fiscal estaría retrasando la interposición de su querella, con el argumento de que se siguen investigando los hechos, cuando en su esencia (la desobediencia de Mas ) tanto la Fiscalía catalana como el fiscal general lo tienen claro.

El asunto merecía desde luego al menos una reunión. No en vano es la primera vez que la Fiscalía acusa de desobediencia a un presidente autonómico, recuerdan fuentes jurídicas. No lo hizo con el que fuera presidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa, que fue inhabilitado por este delito tras llevarlo a juicio la acusación popular Dignidad y Justicia.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que durante la reunión de ayer, que se prolongó durante una hora y media, el fiscal superior de Cataluña informó al fiscal general del resultado de las diligencias de investigación abiertas el 8 de noviembre, el día anterior del simulacro de consulta. Ambos estudiaron la valoración jurídico-penal de los hechos acaecidos en presencia del fiscal-jefe de la Secretaría Técnica, Jaime Moreno, y del número dos de la Fiscalía superior catalana, Francisco Bañeres. Según una breve nota de prensa, a partir de este momento «la Fiscalía Superior de Cataluña dará cuenta al Fiscal General del Estado de la decisión que adopte en el marco de los principios de legalidad e imparcialidad que rigen la actuación del Ministerio Público».

En este momento lo que parece claro es que la querella de la Fiscalía se dirigirá al menos contra Artur Mas y la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, por su implicación directa en los actos del 9-N (entre otros, haber facilitado los datos sobre participación y haber hecho una valoración de la consulta). Ambos habrían cometido un delito de desobediencia a una resolución judicial (la del TC), castigado con entre 6 meses y dos años de inhabilitación en el caso de autoridades o funcionarios públicos, como es el caso.

En el borrador de la querella de la Fiscalía General del Estado figuraba también la consejera de Educación, Irene Rigau, por su responsabilidad en la apertura, el 9-N , de los centros educativos con fines distintos a la docencia. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía catalana reconocen que no ven clara la posibilidad de investigarla por prevaricación. Lo mismo sucede con el consejero de Interior, Ramón Espadaler, que finalmente podría no ser incluido en la querella. Además de desobediencia y prevaricación, el tercer delito que cabría imputar a Mas y Ortega es del de malversación de caudales públicos, por haber sustraido de las arcas públicas 3,5 millones para la logística de la consulta. Por este delito ya tiene unas diligencias abiertas el juez de instrucción número 3 de Barcelona.