Jueces y fiscales reclaman una auténtica separación de poderes

Las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, y la Asociación Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales sostienen que el desarrollo del modelo constitucional de Poder Judicial de las sucesivas legislaturas democráticas «ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes que toda Constitución debe salvaguardar», de forma que los partidos políticos -de uno y otro signo- preservan «relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber juzgarles». A ello se suma que el presupuesto destinado a Justicia «dista mucho del existente en países de nuestro entorno».

A juicio de ambos colectivos, la consecuencia que de ambas circunstancias se deriva es el «debilitamiento del Poder Judicial, único garante de corregir las desviaciones de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española».

Sin embargo, la responsabilidad de la necesaria regeneración democrática no puede recaer en exclusiva en la Justicia penal . El Derecho penal es una herramienta necesaria e ineludible para la lucha contra la corrupción, si bien son precisas medidas en otros ámbitos, así como la implicación de la totalidad de los poderes públicos del Estado.

Estas son las medidas que los jueces y fiscales consideran necesarias para empezar a hablar de regeneración democrática:

-Evitar «inaceptables injerencias» del poder político en la elección de los integrantes del órgano de gobierno del Poder Judicial.

-Incremento del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de jueces y fiscales en España a la media europea.

-Dotación de medios materiales a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).

-Instauración de un nuevo modelo procesal penal, «apto y eficaz» para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los «complejos casos» de delincuencia organizada y corrupción.

-Revisión del Código Penal para sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos.

-Mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.

-Reducción del número de aforados en el ámbito político y limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.

-Reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su ejecución.