Decálogo de ABC para un impulso ético

La exigencia ética debe ser máxima. La línea roja debe trazarse en aquellos cargos que sean acusados por la autoridad judicial. Casos como los de Rodrigo Rato , Bárcenas, los alcaldes de la trama Gürtel o el propio Francisco Granados deben ser apartados de la militancia, como ha hecho el partido. Sin embargo, con ello no debe cerrarse la investigación interna, nuclear para conocer los fallos de organización que han permitido las irregularidades. Para evitar conculcar el derecho a la presunción de inocencia, cuando esos responsables sean sometidos a juicio oral deben entregar su acta de cargo electo.

El descrédito de las instituciones ha venido dado por la laxitud con que se ha tratado por parte de los partidos a muchos de sus miembros acusados de corrupción. Situaciones como la del PP de la Comunidad Valenciana, donde nada menos que cien de sus cargos están imputados, debe obligar a esta formación a renovar profundamente a sus candidatos apartando a todos los afectados de sus listas electorales. Aun cuando la opinión pública haya demostrado que no castiga a algunos de esos cargos, un partido democrático tiene que regenerar sus estructuras y limpiarlas de personas indignas.

La iniciativa presentada en los últimos días por Pedro Sánchez , abriendo las puertas de su declaración de bienes y la de sus colaboradores, ayudará a regenerar la vida interna de los partidos. El súbito enriquecimiento de Luis Bárcenas o de Francisco Granados debería haber sido detectado por los propios órganos del partido. Las investigaciones judiciales que a través de comisiones rogatorias denuncian la existencia de cuentas en el extranjero deben ser complementadas con el conocimiento por parte de los partidos del origen del dinero atesorado por sus altos cargos.

La acumulación de escándalos políticos ha demostrado que la fiscalización de los cargos orgánicos del partido es fundamental para garantizar la buena praxis. Fundamentalmente, cuando el partido en cuestión gobierna y todo el peso de la opinión pública se deposita en la acción del Ejecutivo. Comportamientos como el del extesorero del PP o decisiones atribuidas al exsecretario general, Ángel Acebes , en relación a la compra de acciones de Libertad Digital, deberían haberse detectado por parte de los cargos orgánicos del partido. Reforzar su autonomía y plena dedicación es vital para el PP.

La democracia americana ha demostrado que con la limitación de mandatos se acota la vocación de muchos gobernantes de relajar los controles y la vigilancia sobre sus decisiones económicas y políticas. En España, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero se autoimpusieron ese tiempo de gestión. Sin embargo, es necesario que los propios partidos incorporen esa medida a su código de conducta como norma higiénica que tendría que hallar una traslación a la legislación nacional. Los gobernantes americanos siempre han defendido que lo que no se puede hacer en ocho años, no merece la pena.

Uno de los miembros más relevantes del PP, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo, ha propuesto la necesidad de que su partido, al igual que el resto, solo se puedan financiar con las cuotas de los afiliados lejos de la norma española que permite las donaciones de empresas y particulares. De hecho, el nudo gordiano de algunos de los casos de corrupción apunta a la financiación ilegal del PP en el caso Bárcenas o en su momento en el PSOE con el escándalo Filesa. En todo caso, es exigible la máxima transparencia y fiscalización del dinero que reciben todas las formaciones políticas.

La exigencia de mayor transparencia y participación social obliga a los partidos a actualizar sus mecanismos de designación de candidatos y cargos públicos. Aunque formaciones como el PSOE han hecho bandera de las primarias para luego no aplicarlas en algunos de sus organos regionales, como en Madrid, lo cierto es que la elección por parte de las bases de sus representantes deposita en los ciudadanos una responsabilidad que puede beneficiar a la hora de mejorar la confianza entre representados y representantes. Nada es la panacea pero ese modelo empieza a generalizarse en Europa.

Buena parte de los últimos casos investigados por la Justicia han sido generados por la falta de supervisión de las adjudicaciones de concursos públicos. La corrupción ligada al urbanismo municipal está en la base de la trama Gürtel que se generó en los municipios gobernados por el PP en la zona oeste de Madrid. Los agujeros legales que permite sortear los controles por adjudicaciones menores de 3.000 euros permitió a esta red dirigida por Correa enriquecerse y enriquecer a los cargos públicos que servían de intermediarios. Es el caso también de Francisco Granados en Valdemoro.

Un partido -y el PP no es es una excepción- se sustenta sobre el compromiso de sus cargos con los electores y el depósito de confianza de éstos en sus representantes. Esa relación se ha quebrado y por ello es necesario que el partido que gobierna se plantee renovar buena parte de sus candidatos, rejuveneciendo los carteles electorales con el fin de establecer una relación de confianza con la opinión pública. El PP tiene una importante cantera de jóvenes dirigentes, ya conocidos y maduros ante la sociedad, para convertise en valores con futuro en algunas de las plazas en las que podría perder el poder.