Una decena de sentencias vinculan el narcotráfico con el terrorismo yihadista

Un ejemplo significativo y dramático del vínculo entre el terrorismo islamista y la delincuencia común se puso de manifiesto durante los preparativos y ejecución del 11-M. En la sentencia de la Audiencia Nacional 65/2007 se consideraba probado que varios de los condenados se dedicaban al tráfico o suministro, transporte, tenencia y depósito de explosivos. Además, uno de los individuos juzgados fue condenado por pertenencia a banda armada y narcotráfico.

Más tarde, la Policía desarticuló, en la operación Nova, una célula de los denominados Mártires por Marruecos, que planeaba atentados contra el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y otras instituciones. La organización estaba dirigida desde el interior de varias prisiones y la integraban, entre otros, internos que fueron reclutados cuando cumplían condenas por delitos comunes.

Asimismo, la sentencia 39/2007 dictada por la Audiencia Nacional, y ratificada por el Tribunal Supremo, recoge la condena impuesta a los integrantes de una célula paquistaní, asentada en Barcelona, y que fue desmantelada en la operación Queixalada. Tenía planes para atentar contra edificios emblemáticos de la Ciudad Condal. Fueron condenados por pertenencia y colaboración con organización terrorista. Uno de ellos era además traficante de heroína y le fueron intervenidos 148 gramos de esta sustancia y 16.900 euros. Una cantidad superior a la que se estima como tenencia para el consumo personal. Además, este individuo no era consumidor de drogas.

En el marco de la operación Tigris fue desarticulada una organización que prestaba apoyo a Al Qaida . En la correspondiente sentencia 31/2009 se acredita que a uno de los procesados se le intervinieron en su domicilio 808,1 gramos de hachís y una balanza de precisión utilizada para la distribución de la droga. Y es que, como se ha dicho, la «sharia» prohíbe a los musulmanes el consumo de droga, así que cuando la tienen es para venderla en busca de beneficios económicos.

La operación Green, tal y como después recogió la sentencia 17/2010 de la Audiencia Nacional, destapó una cadena de robos perpetrados en 2004. Sus autores eran los intregrantes de una célula dedicada a la obtención de recursos económicos con destino a la financiación del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, en la actualidad Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI). Según la Fiscalía, cometían robos de forma organizada y después utilizaban el botín para financiar el Grupo Salafista. Incluso, uno de los integrantes de esta red, que actuaba como «hawaladar» en Argelia y viajaba frecuentemente a España, fue condenado por un Tribunal Criminal de Orán, por pertenencia a organización terrorista. En este caso, pese a ello, la Audiencia Nacional no vio elementos suficientes que permitieran probar que las actividades delictivas del grupo tuvieran como fin la financiación del terrorismo yihadista. Tampoco dio valor a la sentencia del Tribunal de Orán que condenaba a uno de sus integrantes. Así que los detenidos fueron absueltos del delito de obtención de dinero por robos para fines terroristas.

Los expertos antiterroristas consultados admiten que hay dificultades para probar en España que la vinculación, sí acreditada, entre el terrorismo y crimen organizado esté encaminada a la financiación del primero. El principal problema es que a veces no queda constatada en el juicio la verdadera conexión entre ambos hechos. Así queda reflejado, por ejemplo, en la sentencia de la Audiencia Nacional 33/2010, cuando afirma que «no se erigen a su vez tales comportamientos en hilo conductor demostrativo o tendente a ello de esa colaboración con organización terrorista». «Las actividades delictivas de algunos de los acusados -añade- no iban dirigidas a un objetivo común cual era dar apoyo a un grupo terrotrista».

Es decir, que el hecho de que uno o varios integrantes de una célula trafiquen con droga o roben no tiene por qué significar que esa actividad delictiva vaya dirigida a financiar el terrorismo. Pero, según afirmó entonces el fiscal, los procesados del Grupo Salafista conocían la existencia de efectos procedentes de robo y participaban activamente en su recepción. Además, la sentencia reflejó la posible relación de los procesados con el tráfico de hachís, armas y explosivos. Uno de los acusados tenía antecedentes por drogas.

Más allá de las sentencias, expertos antiterroristas señalan que Al Qaida se pudo financiar con el tráfico en España de hachís, heroína y cocaína.