Tarjetas opacas

Gürtel y Bárcenas en el Partido Popular, los ERE de Andalucía en el PSOE, en la UGT y en Comisiones Obreras, los Pujol y demás escándalos en la Cataluña de los nacionalistas, por citar solo los más conocidos y llamativos, son una buena muestra de casos de corrupción que escandalizan a cualquiera y que, desde luego, tienen enfurecidos a los ciudadanos. Y con razón.

En este marco de crisis económica y desempleo, y con todos esos casos de corrupción presentes en los medios de comunicación, es absolutamente comprensible que la noticia de las tarjetas fiscalmente opacas de Caja Madrid haya provocado la indignación ciudadana. Que, cuando la mayoría de los jóvenes españoles -incluso los que han terminado brillantemente sus estudios universitarios- esté trabajando -los que pueden- por menos de mil euros al mes, unos señores, por el simple hecho de tener buenas relaciones con los partidos, los sindicatos o la patronal, hayan podido estar tirando de tarjeta para gastar o para sacar muchos más de mil euros al mes sin justificar, es lógico que provoque esa indignación. Indignación que se hace aún mayor cuando sabemos, como sabemos, que ellos -los consejeros y los ejecutivos de las tarjetas- han estado al frente de esa caja durante el periodo que la ha llevado a la quiebra, que solo con la intervención del Estado se ha podido evitar.

Hagamos un poco de historia. Las cajas, empezando por la de Madrid, que fundó el padre Piquer a principios del siglo XVIII, se crearon como entidades de beneficencia para permitir el acceso al crédito a los más desfavorecidos. Eran, pues, instituciones sin ánimo de lucro. El éxito de su benemérita actividad las hizo crecer hasta el punto de que, en 1977, un Real Decreto les permitió realizar las mismas operaciones que las autorizadas a la banca privada. En ese periodo de expansión de las cajas llegó la Ley de Cajas de 1985. Una ley socialista, que pretendió democratizarlas y que lo que hizo, como luego hemos comprobado, fue politizarlas. A imitación de los bancos privados, las cajas se dotaron de consejos de administración. Pero, a diferencia de los bancos privados, en los que los consejeros son nombrados con la aquiescencia y el conocimiento de los propietarios del banco -es decir, de sus accionistas-, en las cajas los consejeros fueron nombrados por los partidos políticos, los sindicatos y la patronal, a los que la ley atribuía la representación democrática. Es decir, que las cajas han carecido de propietarios. De propietarios que pidieran cuentas y que fiscalizaran lo que hacían esos consejeros y directivos nombrados por políticos, sindicalistas o patronos.

Es imprescindible que, a la hora de depurar responsabilidades, se sepa cómo y quiénes transformaron el sistema de tarjetas que tenía Caja Madrid de gastos «a justificar» con un límite de 600 euros mensuales, en un sistema opaco y fraudulento que, al parecer, se contabilizaba manualmente como «quebrantos» o errores informáticos, sin que los auditores externos ni los internos dieran las señales de alarma que tenían que haber emitido.

La opacidad de estas tarjetas da una idea de la sensación de impunidad con que actuaban los directivos de la caja, y puede explicar la incomprensible trayectoria de esa institución, que, bajo su dirección, pasó de ser una de las entidades crediticias más sólidas de España a quebrar estrepitosamente.