El PP no se cierra a abrir el debate sobre la Constitución si hay «consenso» en el objetivo

A día de hoy, según señala a ABC el vicesecretario general de Política Territorial de los populares, Javier Arenas, «no encontramos una razón profunda para modificarla». Una tesis que también sostiene el vicesecretario de Estudios y Programas, Esteban González Pons, que asegura que «muchos de los que quieren reformarla ahora, quieren llevar a la Constitución lo que solo es de algunos por ideología o por territorio».

Los populares creen que los que abogan por la reforma quieren, en algunos casos, «una España federal, otros una más centralizada y los que van más allá, una España rota. No son reformas constitucionales -apunta González Pons-, sino un verdadero cambio de Constitución. El Partido Popular nunca aceptará cambiar la Constitución. No es necesario hacer un nuevo país para conseguir una sociedad mejor».

Esta formación política se aferra a la «legalidad» para hacer frente a los que insisten en un cambio constitucional. «Se puede hablar de reformas siempre que estén en el marco de la legalidad y no del ultraje», apunta Javier Arenas, que insiste en que «cualquier modificación exigirá al menos el mismo consenso con el que nació. La Constitución no se puede abrir por el capricho de las minorías». En este sentido, González Pons entiende que «la Constitución sigue siendo el mínimo común que nos une a todos. Él que habla de reformar la Constitución está planteando sus programas de máximos, no compartidos». Pero la práctica unanimidad en las filas populares se rompió en la última reunión del Grupo Parlamentario. El diputado Vicente Martínez Pujalte se desmarcó de la línea oficial y tomó la palabra para plantear la posibilidad de que el nuevo Rey Felipe VI puede impulsar una reforma constitucional, que lideren los dos grandes partidos.

Pujalte propone cambios en la línea de incluir nuevos derechos fundamentales como al medio ambiente; la reforma de algunas instituciones, como el Senado ; introducir cuestiones relacionadas con la transparencia e incluso hablar de la estructura del Estado, en el sentido de que recoja las especifidades regionales. A su juicio, tras una ratificación en referéndum, «se conseguiría una nueva legitimación del sistema».