Minoritarios, sin consenso posible

La revisión total de la Constitución implicaría la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones, que Lara viene reclamando a Mariano Rajoy hace años.

La formación de Rosa Díez es partidaria de una reforma de la Constitución para, en primer lugar, dar lugar cumplimiento a uno de sus grandes objetivos políticos: cambiar la Ley Electoral, que -a su juicio,- «no es democracia, solo garantiza la alternancia de partidos PP-PSOE».

Con una gran preocupación por lo territorial, UPyD también defiende cambios hacia un «Estado federal» pero en un sentido muy diferente al que propone el PSOE, puesto que la formación magenta apuesta, entre otros, por la «eliminación de las alusiones a los derechos históricos, (...) y supresión de la distinción entre nacionalidades y regiones».

Muy importante también para Unión Progreso y Democracia es que el Estado recupere en exclusiva las competencias en materia de educación, sanidad, justicia, representación internacional y defensa, entre otras.

El PNV no «se siente comprometido» con la Carta Magna, aunque la acate «por imperativo legal». Lo dijo su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, durante el debate de la ley de Abdicación en el Congreso el pasado 13 de junio.

En esa sesión, reclamó para el País Vasco «reconocimiento como sujeto político», avanzando así en la progresivo acercamiento del discurso del PNV al que viene oyéndose en Cataluña. Ejemplo son las palabras del portavoz, Joseba Egibar, que recientemente planteó: «Se puede abrir un proceso negociador si hay una voluntad política, en el que se reconozca que el pueblo vasco libre y democráticamente decida. Los vascos que nos sentimos nacionalistas queremos un Estado propio, evidentemente de corte republicano». En el referéndum para ratificar la Constitución de 1978, el PNV hizo campaña por la abstención.

Por encargo de CiU y sus socios en la Generalitat, diez juristas han trabajado en la elaboración del borrador de una pretendida Constitución para la «República de Cataluña».

«Cataluña ya no se siente integrada en España» era la frase con la que el portavoz convergente en el Congreso, Josep Antoni Duran, resumía la pulsión secesionista que pasa por una consulta ciudadana, inspirada por el que denominan « derecho a decidir », y la posterior separación del Estado.

Para CiU la Carta Magna de 1978 supone un corsé inasumible que estrangula sus pretensiones. Artur Mas lo dejó claro en una entrevista hace solo un mes: «Yo no apuesto hoy por hoy por el cambio constitucional (..) pero (si se produce) pongo una condición: que se ponga al lado de la pregunta pactada por las instituciones catalanas sobre la independencia».

Desde ERC se ha identificado la Carta Magna de 1978 con una palabra: «Inquisición». Sus actuales dirigentes lo mismo invitan a saltársela que ven en el texto soporte claro para celebrar la pretendida consulta catalana. «La Constitución no impide el referéndum, quien lo impide es el Gobierno», ha proclamado su presidente, Oriol Junqueras. «No la queremos y no nos sirve» es, a modo de eslogan publicitario, el estribillo que repiten en sus filas.

Esa misma Constitución es la que ampara que fuerzas que no han condenado el terrorismo como Sortu, eje de Amaiur y Bildu, estén en las instituciones. Su retórica desde las tribunas de los poderes públicos demuestra una obsesión por liquidar la Ley Fundamental, que para ellos «está redactada para ejercer la función de cárcel de los pueblos del Estado. La Constitución es una cárcel para Euskadi y Cataluña».