Un magistrado del TC avisa de que incumplir la sentencia sobre la consulta tiene «consecuencias»

Así, ha explicado que cualquier acto que pueda no seguir esas reglas del juego tiene «consecuencias» conforme al ordenamiento jurídico. Para ello, está convencido de que, si llega el caso, quienes están legitimados para presentar recursos lo harán y el TC, o los órganos del Poder Judicial, decidirán, según ha explicado en entrevistas en la Cope y Onda Cero.

López ha precisado que el primer efecto de la resolución contra la declaración soberanía aprobada por el Parlamento catalán «es la nulidad». «Es nulo, nunca ha existido en lo que se refiere a conceptuar el pueblo catalán como sujeto político y soberano», ha dicho.

Por otro lado, ha defendido su «absoluta independencia e imparcialidad» y ha remarcado que el Alto Tribunal se ha pronunciado por unanimidad. López, uno de los tres magistrados que la Generalitat quería recusar en este asunto , pero el TC emitió su decisión antes de que llegase la recusación.

El magistrado ha pedido que se critique la resolución del tribunal por su contenido, en lugar de descalificar a sus autores y ha avisado que la independencia de los magistrados no se va a poner en cuestión.

En su opinión, la unanimidad del TC siempre es deseable, aunque no siempre sea posible, pero en esta ocasión había «mayor exigencia» por la «relevancia constitucional, la dimensión histórica» y las consecuencias políticas del asunto.

Con todo, ha subrayado que los magistrados no han hecho más que sancionar lo que dice la Constitución, que la soberanía recae en el pueblo español y que en España «se puede tener cualquier aspiración política, pero hay que defenderla siempre conforme a las reglas».

Para López, la sentencia ha logrado un «equilibrio importante», porque considera que la declaración del Parlamento catalán «tiene contenido político pero carácter jurídico». En concreto, esa declaración del 'Parlament' atribuye al pueblo de Cataluña un «carácter de sujeto jurídico y político soberano y a su vez ordena iniciar una serie de actos para encauzar el derecho a decidir».

Así, los magistrados han concluido que eso «va más allá de lo que es una declaración política y produce efectos jurídicos» que son los que el TC ha anulado. Y ha añadido que sólo pueden producir efectos jurídicos las decisiones que se adopten conforme a las normas establecidas.

Por eso, el TC ha declarado inconstitucional la parte de la declaración que atribuye carácter soberano al pueblo catalán, porque va en contra, de forma «palmaria», de los artículos 1.2 y 2 de la Constitución , que establecen que la soberanía corresponde al pueblo español y que la propia Constitución se fundamenta en la indivisibilidad de la nación española.

En cuanto al derecho a decidir, interpreta que es constitucional siempre que no suponga «nunca ni un derecho de autodeterminación ni un reconocimiento de soberanía» sino solamente una «aspiración política que hay que encauzar» conforme a la propia Constitución. «En resumen, la Constitución no exige una adhesión a sus postulados exige un respeto a sus reglas del juego», ha ilustrado.