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Gobierno y grupos se dan hasta fin de año para pactar un plan anticorrupción

El PSOE cree que se ha aceptado su método de trabajo e Izquierda Plural avisa de que no se sumará a un pacto «de punto final»

Gobierno y grupos se dan hasta fin de año para pactar un plan anticorrupción jaime garcía

efe

El Gobierno y la oposición han acordado este miércoles crear en el Congreso un grupo de trabajo para tratar de pactar este año medidas de regeneración democrática y contra la corrupción. Se hará en tres fases: en abril se celebrará una serie de comparecencias de expertos, en junio comenzarán las reuniones para poner en común las medidas, y en el último trimestre se tramitarán las reformas legislativas.

Ese grupo de trabajo se quiere crear la próxima semana dentro de la Comisión Constitucional del Congreso y su primera tarea será definir las comparecencias de expertos que se precisen, que acudirán a la Cámara en abril. Tras las comparecencias, los grupos parlamentarios se citarán a partir de junio para ir pactando propuestas.

Sobre la mesa, los dos proyectos que ha presentado el Gobierno y que ya están registradas en la Cámara: una nueva Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos y el proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Pero también, y según había confirmado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, se hablará de medidas de orden penal para combatir la corrupción, aprovechando que el Congreso también tiene en tramitación la reforma del Código Penal y que ahora habrá de adecuarse al nuevo calendario.

Código penal, indultos, reforma electoral

A ello se sumarán las ideas de distinta índole que lleven los distintos grupos de la oposición y las aportaciones que hagan los expertos a lo largo del mes de abril. Ahí podrían entrar propuestas para reformar la Ley de Indultos de 1870 o modificaciones de la legislación electoral. De hecho, Izquierda Plural, UPyD y Compromís han reivindicado una profunda reforma de la Ley de Electoral, a la que la formación magenta ha añadido también la necesidad de hacer cambios en la Ley del Indultos, los aforamientos, o el desarrollo del título de la Constitución relativo a la Corona y, en general, todo lo que tiene que ver con una democracia de calidad.

Con todo ese material se tratará de pactar unos textos legislativos que deberán aprobarse antes de fin de año. Por tanto, los dos proyectos del Gobierno quedan supeditados a este grupo de trabajo con idea de que las reformas salgan del Parlamento antes de fin de año.

El acuerdo se gestó en la reunión que la vicepresidenta del Gobierno convocó este miércoles en el Congreso para intercambiar impresiones con todos los grupos de la oposición. Eso sí, no hubo imágenes de la cita.

La demagogia como límite

Los portavoces de la oposición han dicho que el Gobierno les ha prometido una «comisión abierta, sin más límites que la demagogia». Santamaría ya había dicho horas antes que la única condición para escuchar propuestas es que fueran «eficaces y contundentes».

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, se ha congratulado del resultado de la cita en la que ha visto una «voluntad sincera» por parte de los grupos parlamentarios para trabajar en esta materia habida cuenta de que todos coinciden en la necesidad de buscar fórmulas para regenerar la democracia, mejorar la situación de las instituciones y la percepción que los ciudadanos tienen de la actividad pública.

Para la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, el acuerdo supone que el Gobierno se ha «dado cuenta» de que «no podía liderar un gran pacto contra la corrupción» y ha dejado el protagonismo al Parlamento, donde el PSOE pidió en septiembre crear una subcomisión para realizar esta misma labor. «Qué seis meses se han perdido», ha llegado a comentar.

«No sé si el PSOE ha perdido el tiempo, pero nosotros no hemos estado en barbecho, hemos traído dos proyectos de ley», ha replicado el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, quien no desea controversias porque, tras el acuerdo alcanzado, es momento de «presumir».

José Luis Centella, portavoz de Izquierda (IU-ICV-CHA), ha interpretado la reunión como «un avance», aunque «insuficiente». «Vamos a debatir en sede parlamentaria con un PP que sigue teniendo a un antiguo tesorero en la cárcel y muchas sospechas de corrupción», ha resumido, incidiendo en que su grupo no estará en un eventual pacto contra la corrupción «de punto final» si no se despejan antes todas esas sospechas sobre la financiación de los partidos.

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