Políticos bajo la sombra de la sospecha

Los casos de corrupción se cuentan por cientos, y la sombra de la sospecha se cierne sobre la primera línea de la política, imputación tras imputación, e incluso sobre aquellos a los que la Justicia ni siquiera ha señalado aún con el dedo. Algunos dimiten, otros se aferran a su asiento y otros escogen la ambigüedad.

La última «víctima» de esta enfermedad letal ha sido el senador y diputado en la Asamblea de Madrid, Francisco Granados, que apenas 24 horas después de que se conociera la existencia de una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros de la que era titular, presentó sus dos actas al partido.

Granados no está aún encausado; ni si quiera ha sido imputado en ninguna causa, de momento. Pero, para la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, tener una cuenta en Suiza siendo un cargo político es motivo suficiente para abandonar el cargo: «Es un gesto de dignidad. Un político no puede tener cuentas en Suiza», aseguró, sentándose a la mesa de un debate que ya estaba servido.

El profesor visitante de Harvard Alberto Ruiz Ojeda aseguró en una entrevista a ABC que una imputación no obliga legalmente a una dimisión. La única garantía de que el político responderá a quienes exigen su renuncia es su buena voluntad. «La cuestión, a mi parecer, debe decidirse en el ámbito estrictamente ético y político, no legislativo, en función de la consistencia de los indicios que llevan a la imputación, de la credibilidad para el ejercicio del cargo, etc.».

La ex presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) Magis Iglesias dijo en ABC que «los cargos públicos deben asumir que su 'culpa' política no depende exclusivamente de una condena judicial». «El político tiene una responsabilidad moral y democrática que le obliga a dimitir si —por error u omisión— ha defraudado a los ciudadanos», apuntaba.

Tampoco había sentencia —sí una «preimutación»— en el caso del ya ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. El caso de los ERE fraudulentos lo obligó a abandonar su cargo «para proteger a la Junta». Su dimisión fue vista por algunos como el reconocimiento implícito de su culpabilidad. Él mismo se escudó en que su renuncia era un gesto «inédito en España» que, cuando llega, «se tacha de irresponsabilidad y extravagancia, precisamente por quienes lo exigían de forma tajante».

Sin embargo, el socialista valenciano Carlos González Triviño defendió en un artículo publicado en una revista jurídica que «el limbo semántico en que se encuentra la imputación invita a hacer un uso social mucho más prudente del término». Es decir, que a su juicio, «no debería servir de fundamento a un planteamiento político binario sobre la dimisión o no de los cargos públicos imputados».

El ex alcalde de Getafe, Pedro Castro, —así como el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Manuel Vázquez, y los también ediles Cristina González y David Castro— presentaron este mismo mes «su dimisión como concejales del Ayuntamiento de Getafe por responsabilidad» hacia el municipio y sus vecinos. Todos ellos han sido procesados por el conocido como «caso aparcamientos», la presunta adjudicación irregular de plazas de garaje en el municipio destapado por ABC.

Una de las dimisiones más aplaudidas por la mayor parte de los grupos parlamentarios por su celeridad fue la del diputado por Madrid Santiago Cervera, detenido por un presunto caso de chantaje al presidente de Caja Navarra. Un día más tarde, Cervera ya había renunciado a su escaño.

«He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia». Las palabras son de Adolfo Suárez, que unas semanas antes del intento de golpe de Estado del que ayer mismo se cumplieron 33 años dijo adiós a la presidecia del Gobierno.

Decía Esperanza Aguirre que «en España no dimite nadie», en referencia a la entonces ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde y su impopular «ley antidescargas». Pero hubo un tiempo en que cayeron ministros. El último, durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2009.

Al titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, lo tumbó la polémica que le rodeó tras trascender que había acudido a una cacería en Jaén sin licencia y en compañía de juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Esto sucedía el fin de semana posterior a las primeras detenciones de la «Gürtel».

Alfonso Guerra dimitió en 1991 como vicepresidente del Gobierno que dirigía entonces Felipe González por el «waterguerra», un escándalo de corrupción y tráfico de influencias en el que estuvo envuelto su hermano Juan. El Tribunal Superior de Justicia eximió de toda responsabilidad penal a Guerra —no así a su hermano— y todavía hoy el político socialista sigue ocupando asiento en el Congreso de los Diputados.

El de Defensa Narcís Serra o los de Interior José Luis Corcuera y Antonio Asunción son otros ejemplos de ministros forzados a dimitir.